El 3 de mayo de 2007, se inauguró en Plasencia la mayor imprenta de Europa. No faltaron para descorrer la placa un Ministro (Joan Clos), un Presidente Autónomico (Ibarra) y la alcaldesa de la localidad (Elia María Blanco). Y muchas fotos, muchos titulares, y muchas televisiones.

Se constituyó una sociedad en la que se invirtieron 25 millones de euros, de los cuales, el 45% lo aportaba la Junta de Extremadura a través de la Sociedad de Fomento Industrial. A día de hoy, está en concurso de acreedores, y 85 trabajadores en el paro.

Algo extraño ha debido de pasar, porque la Vicepresidenta económica llegó a afirmar que estaban “intentando que el socio mayoritario de la cara porque no ha cumplido”. Todo indica que la Junta de Extremadura no ejerció un mínimo control de tanto dinero de los extremeños.

No se explica que si las auditorías decían que todo marchaba bien, ahora, la placa que está en la puerta lleve labrada los nombres de 85 padres de familia. Menos se explica que la Junta de Extremadura no haya procedido para recuperar el dinero de los extremeños invertido, y contra los socios que se buscó en esta aventura que ha terminado en fracaso estrepitoso.

El 15 de diciembre del pasado año, la Vicepresidenta económica nos dijo a través de la prensa que esperaba noticias positivas “dentro de muy pocos días”. Han pasado cuatro meses, y las máquinas cogen polvo en unas instalaciones de 30.000 metros cuadrados.

Hay muchas preguntas por resolver. Cuando hemos pedido información o comparecencias sobre este asunto en el Parlamento extremeño, se nos ha vedado.

Esta tarde, en Plasencia, me reuní con cuatro ex empleados de Montprint. Y uno de ellos me dijo: “cuando un trabajador la hace, se atiene a las consecuencias, yo me quedé en paro y pido que los responsables de mi situación paguen por ello”.

Por todo ello, la semana que viene acudiremos en amparo de la justicia, y el gobierno de Vara bien podría explicar qué ha pasado en todo esto, con luz y taquígrafos.