Domingo, 9 octubre 2011

Los recortes como arma arrojadiza

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Germán Yanke

Si el debate sobre los recortes -o ajustes presupuestarios- tiene todo su sentido (sobre el gasto público, sobre la carta de servicios imprescindibles del llamado Estado de Bienestar, sobre su financiación y la política fiscal, sobre el papel de los poderes públicos, sobre cómo abordar el déficit y la deuda y sus consecuencias inmediatas o a medio plazo), el modo en que se está desarrollando su paradójico remedo en la España de estos días me parece lamentable.

Las medidas de ajuste que han tomado los nuevos gobiernos autonómicos del PP (algunas efectivas, otras anunciadas y el resto intuidas, con más o menos fundamento, por opositores y observadores) han servido al PSOE para plantear, de cara a las elecciones generales, la existencia de lo que podrían denominarse “dos modelos”. Uno, el suyo, defensor de lo público y del sostenimiento de las políticas sociales; otro, el del PP, que pretendería desmantelar tanto lo público como importantes elementos del Estado de Bienestar, sobre todo en Educación y Sanidad. Si la alternativa respondiera a propuestas concretas o a planteamientos ideológicos con fundamento en la realidad de los programas y la práctica política, tendría sentido, pero me temo que el escenario verdadero es otro muy distinto.

Habría que plantear, en primer lugar, la razón de los recortes y, en segundo término, su concreción real. No tiene sentido que los socialistas no sean capaces de evaluar en público la situación financiera que han dejado en muchas comunidades autónomas mientras subrayan la que conocemos en otras en las que el PP se ha sucedido a si mismo. Hay comunidades en las que el déficit, la deuda, los impagos que ahora se reclaman y el desastre financiero que hace imposible la obtención de nuevos créditos es, sin más, la herencia recibida y, ante las medidas para evitar el colapso (que lo sería también de los servicios públicos), el PSOE podría discutir las partidas recortadas, proponer alternativas, etc., pero no negar el caos como si sus sucesores fueran unos desmanteladores profesionales y vocacionales y no unos administradores agobiados por lo que se han encontrado, aunque estén, a juicio de sus adversarios, equivocados en las soluciones que tampoco los antecesores propusieron. Plantear la discusión de esta manera es tan lamentable (o más, ya que hasta mayo gobernaba el PSOE) como la actitud del PP cuando el Gobierno de la nación se vio obligado a un ajuste de la importancia del de mayo de 2010 y los que han seguido: negarse al apoyo, dar la impresión de que la situación puede resolverse sin sacrificio, no aportar el modo concreto en que puede hacerse.

Ocurre, además, que también ha habido recortes entre 2010 y 2011 en los gobiernos autonómicos que siguen gobernados por los socialistas y en el Gobierno central. El argumento de que la reduccíón en Educación y Sanidad en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio en curso debe minimizarse o excluirse de la crítica por el monto mayoritario de competencias transferidas en estas materias es falaz. O lo que aparece en esas partidas en los Presupuestos del Estado no es “gasto social” o parte del Estado de Bienestar, y por tanto podría eliminarse del todo, o, ciertamente, en el porcentaje adecuado, también en el gasto público ha habido recortes socialistas en esas materias.

Pero no todo el recorte precedente ha sido impulsado por el Gobierno de Zapatero. En el tono agrio de la discusión actual se han dado a conocer a la opinión pública el aumento de horas lectivas de profesores en Andalucía, para evitar la contratación de interinos, la concertación con entidades privadas para la prestación más  barata o más eficaz de servicios sanitarios, las reducciones de partidas de Educación en 2011 en los presupuestos andaluces. En el Pais Vasco, además de endurecer el sistema del “salario de garantía” y otras ayudas sociales, tanto el presupuesto de Sanidad como el de Educación han bajado en 2011 respecto a 2010. ¿Qué dicen los señores Griñán y López? Que la mejora de la productividad, que las medidas de racionalización que han impuesto, hacen que un menor gasto no merme los servicios que reciben los ciudadanos. ¿Qué dicen la señora Cospedal y otros nuevos gobernantes populares? Que la mejora de la productividad, que las medidas de racionalizacón del gasto que van a poner en marcha, harán que, aún reduciendo el montante del gasto, no disminuirán los servicios que reciben los ciudadanos.

Si las cosas son así, que son, el debate para la salida de la crisis, la reducción de déficit y deuda, y la garantía de los servicios básicos, está demagógicamente politizado, en el peor sentido de este último término. Puede haber dos modelos, ciertamente, pero ninguno de ellos puede estar fuera de la realidad. El diagnóstico debe ser compartido en público como, aún lado los falsarios, se reconoce en privado. Y el ahorro debe ser serenamente analizado, debatido y en lo posible compartido. Y si no es compartido, al menos contrastado con propuestas concretas alternativas.

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