La Junta de Extremadura ha comunicado a 620 trabajadores de la empresa púbica GPEX la conclusión de sus contratos el próximo 31 de diciembre, que no serán renovados porque su intención es garantizar la viabilidad de esta sociedad, a su juicio "sobredimensionada", e ir contratando según las necesidades.

"En GPEX sólo se ha despedido a una persona", un directivo, según ha subrayado hoy el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, tras la nueva protesta que representantes de los trabajadores protagonizaron ayer en Mérida denunciando una ruptura de las negociaciones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero ha subrayado que se está actuando en "aplicación rigurosa de la legislación laboral" tras la "herencia envenenada" recibida del anterior Gobierno, al que ha acusado de encadenar contratos en fraude laboral en esta empresa.

Fruto de ello es que 74 trabajadores han visto convertidos sus contratos en indefinidos, una cifra que probablemente aumentará, según ha vaticinado Nevado-Batalla.

En cualquier caso, ha indicado que el Gobierno no va a generar expectativas laborales que no pueda cumplir por lo que, en un "absoluto respeto" a la legalidad laboral, ha comunicado la finalización de contrato a estos 620 trabajadores.

Respecto a cómo se cubrirán las funciones que el Gobierno sigue encomendado a GPEX, ha explicado que "se tendrá que valorar" y se realizará media el correspondiente concurso de selección, en el que se podrá puntuar como mérito la experiencia previa en esta empresa.

Ha subrayado además que GPEX es una sociedad anónima unipersonal con accionariado público, lo cual "no da condición de públicos a los trabajadores".

La pretensión del Ejecutivo, ha añadido, es garantizar la viabilidad de la empresa mediante criterios empresariales y técnicos y sin injerencias políticas, así como ofrecer "seguridad" y "certeza" a sus trabajadores.

En esta línea, ha considerado que GPEX, como más de un millar de trabajadores, está "sobredimensionada" no sólo en plantillas, sino también en sueldos y alquileres "blindados" que, según ha dicho, se firmaron no velando por el interés general sino por el de la persona con la que se contrataba.