El consejero de Administración Pública, Pedro Nevado, ha asegurado este viernes que se está aplicando “rigurosamente” la legislación laboral en la empresa pública GPEX y ha pedido tranquilidad a los trabajadores de este grupo, ya que, añadió, lo que se pretende es “mejorar” la empresa y aportar “calidad” al empleo.

Pedro Nevado, quien compareció al término de la reunión semanal del Ejecutivo junto a la vicepresidenta y portavoz, Cristina Teniente, se mostró sorprendido por lo que calificó como “trascendencia mediática” del envío de cartas de preaviso por finalización de contrato a 620 trabajadores, algo que consideró normal por tratarse de contrataciones por obras y servicios. 

Sin embargo, el consejero aclaró que no ha habido hasta ahora ningún despido a excepción del de un directivo, por lo que recomendó “utilizar con exactitud el lenguaje”. El resto, agregó, son preavisos de finalizaciones de contratos que vencen a 31 de diciembre, conforme a lo que establece la normativa laboral. 

El titular de Administración Pública tildó de “herencia envenenada” la situación de encadenamiento de contratos que se ha producido en “fraude de ley”, que ha llevado a la necesidad de convertir a 74 trabajadores en indefinidos. 

En este sentido, las encomiendas de gestión a GPEX que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno “son temporales”, y señaló que no hay que “generar expectativas” ni “engañar”, ya que, apuntó, “en su momento se procederá a realizar el correspondiente proceso se selección”, en el que sí se valorará como criterio la experiencia de los trabajadores. 

El consejero, que tuvo palabras de elogio para el gerente de la empresa pública, Oscar García Riobóo, enmarcó este proceso en el “esfuerzo” que realizan los directivos de GPEX por “mejorar la empresa” con el fin de que sea “fuerte” y tenga viabilidad en el futuro, además de aportar “calidad” al empleo para que los trabajadores “tengan certeza” sea cual sea su relación laboral. 

En este proceso también situó otras medidas que se están llevando a cabo como la reducción del sueldo de los directivos o de los “alquileres blindados” que, según comentó, no tenían como objetivo el interés general sino el particular.