La aprobación en el Consejo de Ministros de ayer, y la publicación en el BOE de hoy, del Real Decreto Ley que suspende las preasignaciones a de las energías renovables (eólica, termosolar, fotovoltaica y biomasa) hunde las expectativas de crecimiento económico de Extremadura.

Las dramáticas consecuencias que tendrá sobre la economía productiva, los Ayuntamientos, las empresas del sector y los ciudadanos de la región, vaticinan un mayor crecimiento del  desempleo y una importante bajada del producto interior bruto de la región.

Un decreto que parece redactado en los despachos de las grandes compañías eléctricas, las grandes distribuidoras de este país, que pretenden en base dicho decreto favorecer el consumo eléctrico de fuentes de generación de energía no renovable como la energía nuclear, de la que son estas distribuidoras exclusivos propietarios. El actual sistema de generación de energía renovable proporcionaba mayor competitividad en el sector, reduciendo los precios en el mercado eléctrico, y diversificaba la titularidad de la producción energética en cientos de nuevas empresas productoras.

Extremadura perderá a partir de este Real Decreto más de 3.800 millones de euros de inversión, más de 3.000 puestos de trabajos directos, perderá el ingreso del 4% del ICIO y el 2% de canon urbanístico del total de la inversión en las arcas de los Ayuntamientos, el canon de alquiler a municipios y particulares o la venta de los terrenos para esas instalaciones, y los contratos sobre los proyectos a las empresas del sector en la región, que en los últimos años habían crecido en número, tamaño y capacidades.

El nuevo Real Decreto Ley cierra la posibilidad a nuevas preasignaciones en las tecnologías fotovoltaica, termosolar, biomasa y eólica, y afecta de diferente manera a cada una de dichas tecnologías.

En energía eólica supone el cierre definitivo a la posibilidad de instalación de energía eólica en Extremadura. Ni un sólo parque eólico se construirá en la región, ya que la mayoría de las empresas que tenían en expectativas la preasignación en el registro, ya a día de hoy, cancelarán los acuerdos con propietarios y municipios, así como con las  empresas extremeñas que participaban en los proyectos.

Brutal es también el mazazo a la biomasa, ya que en esta fuente de energía renovable no se habían cubierto aún los cupos del año 2010. Para las empresas líderes mundiales del sector que ya estaban trabajando en Extremadura, se cierran la posibilidad a los proyectos en tramitación muy avanzada con este nuevo Real Decreto Ley. El extraordinario potencial de la biomasa en la región y su impacto económico sobre las zonas rurales y la cohesión territorial desaparece dejando huérfana, no solo la posibilidad de la instalación de la industria, sino la de miles de futuras hectáreas de cultivos energéticos que ya se estaban cerrando en numerosos pueblos de Extremadura. Hay que recordar que para el funcionamiento de estas plantas, decenas de miles de hectáreas que actualmente estaban en desuso en zonas tabaqueras o de regadío garantizaban el cultivo energético durante 25 años.

En termosolar, están en riesgo los más de 60 proyectos termosolares pendientes de entrar en el registro de preasignación. En principio el nuevo Real Decreto Ley no afecta a las 19 ya preasignadas, de las cuales 5 están comenzando la construcción.

La energía fotovoltaica se ve afectada menos respecto al anterior Decreto, ya que los cupos eran pequeños, pero cercena expectativas a futuros proyectos de inversión.

Ante este panorama y tras declaraciones del Ministro de Industria y Energía José Manuel Soria en los medios  de comunicación, ¿el grupo socialista? registró una propuesta de pronunciamiento exigiendo al gobierno central que cumpla con los objetivos comprometidos en el ADESE incluido el pacto político y social de reformas para Extremadura.

Exigimos al gobierno de la Junta de Extremadura y al Sr. Monago, que convoque urgentemente a los presidentes de los grupos parlamentarios y a los agentes sociales y económicos de la región para liderar una posición conjunta y única frente al gobierno de España para salvaguardar el interés de Extremadura y de sus ciudadanos.

            En el trámite parlamentario de convalidación del Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, se podría decidir la tramitación como Proyecto de Ley y tener así la posibilidad de presentar enmiendas.

            La más importante para Extremadura sería diferenciar el tratamiento a la biomasa, permitiendo nuevas inscripciones en el registro hasta que, al menos, se alcancen los objetivos que España se había fijado para el 2010.

Antonio Rodríguez Osuna

Portavoz de Energía y Medio Ambiente