El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago, entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de hipotecas. La dación en pago es una fórmula que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico.

"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. El ministro subrayó que estas familias serían consideradas como el "umbral de exclusión". 

Luis de Guindos, ha avanzado hoy que el Gobierno pondrá en marcha un código de buenas prácticas en la banca para suavizar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social, que podrán contratar hipotecas de dación en pago. Para ello, el responsable de este departamento ha anunciado que se modificará la ley con vistas a establecer qué hogares están por debajo de este umbral de los más desfavorecidos y que, en esencia, deberán tener a todos sus miembros en paro y que no tengan ingresos. Un código de buenas prácticas o buen gobierno no es de obligado cumplimiento. 

Según ha detallado el ministro, junto a la posibilidad limitada a un grupo de familias de contratar hipotecas con dación en pago (pago del préstamo con la devolución del inmueble), también se va a recomendar que estas familias en riesgo de exclusión podrán incorporar el dinero abonado desde un principio por sus créditos para reducir el principal del mismo, cuando hasta ahora estos fondos iban a sufragar los intereses. En este código también se va a establecer un periodo de dos años desde que se constate el impago de una hipoteca hasta la ejecución para las familias sin ingresos.

El Gobierno persigue que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, con el fin de reducir el coste social de estas actuaciones judiciales. 

Vía Diario Crítico