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Rodolfo Orantos Martín
Jueves, 22 marzo 2012

Un nuevo Urbanismo

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Es necesaria una nueva regulación legal de urbanismo, la posición actual basada en situaciones económicas y políticas fenecidas no es sostenible. Además deben corregirse los problemas conocidos y establecidos desde hace años en el sistema.

El primer reto es establecer, como elemento de seguridad jurídica, la atribución legislativa de la competencia, unas en la Administración Autonómica y otras de as Corporaciones Locales. Se debe imponer estanqueidad en la participación en las tareas administrativas y con ello fijar competencias claras para cada uno, acabando con los “actos complejos” en los que participan dos o más administraciones, es ahora imperativo, dado que se ha demostrado su poca operatividad y fuente de conflictos de todo tipo.

El segundo reto es el de proponer y provocar el proceso de devolución a la Sociedad Civil, de las competencias y actividades asumidas desde su poder abrumador por el Estado franquista en 1956, ahora heredadas por las Comunidades Autónomas.

El tercer reto es el de simplificar las definición del suelo y recoger expresamente tres categorías de suelo, sin más complicaciones: urbano, urbanizable y rústico, siendo en este último no aplicable la legislación urbanística.

El cuarto es importante, atrevido y posiblemente muy eficaz: La disciplina urbanística tiene que pasar a ser competencia exclusiva de la Administración Autonómica y la facultad de denuncia de cualquier Administración, persona física o jurídica.

Sin embargo el quinto lo es aún más: definida la regulación del urbanismo por el Parlamento Extremeño mediante Ley Autonómica y su desarrollo reglamentario por el Ejecutivo, debería ser de competencia exclusivamente local, sin efectos planificadores, el desarrollo del suelo urbano y urbanizable en su término municipal. Para ello la Ley normalizaría un procedimiento administrativo reglado, objetivo y simple, que permita la dirección y control de los procesos en el suelo urbano y urbanizable.

Estos cinco retos trasladan la actividad urbanística a la sociedad civil, en la que sólo subsidiariamente interviene la Administración, que si procede a su regulación normativa, suprimiendo el concepto de la planificación, en nada coincidente con nuestras posiciones ideológicas, simplificando todos los procedimientos y los sistemas de actuación que pueden quedar comprendidos en el ámbito de la legislación civil, mercantil o de expropiación según los casos.

Efectivamente el verdadero Urbanismo en España se hizo en un marco mucho más sencillo. La Ley de 26 de julio de 1892, reguladora de los regímenes especiales de los ensanches de Madrid y Barcelona y luego aplicable en Melilla y otras muchas ciudades estableció la base legitimadora de toda actuación urbanística. Junto con la Ley de Saneamiento y de reforma Interior de 18 de marzo de 1895 conformaron el núcleo del derecho urbanístico español hasta la nefasta, intervencionista, planificadora y dictatorial ley del suelo de 1956.

LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY FRANQUISTA DEL SUELO DE 1956 NO CONTENIA UNA REGULACION DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LA PROPEDAD. LA PROPIEDAD URBANA SE ENCONTRABA UNICAMENTE LIMITADA POR LA OBSERVANCIA DE LAS ORDENANZAS DE CADA LOCALIDAD Y POR LAS NORMAS ESPECIFICIAS DE ENSANCHE QUE SE DICTARAN.

EL DICTADOR ACABÓ CON ESO. LA LEY DEL SUELO Y ORDENACION URBANA DE 12 DE MAYO DE 1956 CONSAGRO LA INTERVENCION Y LA PLANIFICACION Y SE CONSTITUYE EN EL ORIGEN DEL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO ACTUAL, DE TODA LA LEGISLACION POSTERIOR, NACIONAL Y AUTONOMICA, INCLUSO DE AQUELLAS QUE PRENTENDEN SER “PROGRESISTAS”.

FUE, POR TANTO, UN MOMENTO FUNDACIONAL, PUES CONVIRTIÓ LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN UNA RESPONSABILIDAD DE LOS PODERES PUBLICOS, ARREBATANDOSELO A LA SOCIEDAD CIVIL, Y TRANSFORMÓ RADICALMENTE EL CONCEPTO DE DERECHO DE PROPIEDAD, SE ABANDONA POR PRIMERA VEZ EN NUESTRO PAIS LA CONCEPCIÓN PRIVADA DEL URBANISMO. EL “ IUS AEDIFICANDI “ DEJA DE CONSIDERARSE UNA FACULTAD INHERENTE AL DERECHO DE PROPIEDAD PARA PASAR A SER UNA CONCESIÓN OTORGADA POR EL PLAN.

ESTAS DISPOSICIONES UNIDAS A LA NOTABLE INEFICACIA DEL CARÁCTER REGLADO DEL PROCEDIMIENTO COMO LIMITE A LA DISCRECIONALIDAD EN EL URBANISMO, LA CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y EMPRESAS Y LA INSUFICIENCIA Y TARDANZA DEL CONTROL JUDICIAL, OFRECE UN SISTEMA FRACASADO QUE ES ARRASTRADO DURANTE CASI SESENTA AÑOS CON PROBLEMAS YA CASI INSISTENIBLES PARA NUESTRA SOCIEDAD

En definitiva, se trata de subsanar las deficiencias que hasta ahora padecemos, cuya solución no debe aplazarse más y superar los presentes instrumentos, su contenido, relación de interdependencia, cauces de procedimiento y régimen de vigencia, modificación y revisión, todo ello con un nuevo sistema, con un nuevo urbanismo, adaptado a la realidad social, económica, a sus condiciones y necesidades.

Rodolfo Orantos Martín
Arquitecto Técnico - Iese
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