¿Controla alguien el desequilibrio efectivo de las cuentas autonómicas y municipales? En teoría, las leyes vigentes establecen límites muy precisos al endeudamiento, que en algunos casos no puede superar el 110% de los gastos corrientes. En la práctica, los límites parecen haber saltado por los aires debido a algunas labores de ingeniería contable, en las que intervienen empresas públicas creadas en ocasiones con el único fin de sortear los controles oficiales.

El motor del endeudamiento público ha trabajado a ritmo acelerado en los dos últimos años debido no sólo a las medidas de apoyo y estímulo a la actividad sino, sobre todo, al desplome de los ingresos públicos. No está clara cual es la división entre ambas variables, pero la balanza parece inclinarse decididamente por el segundo, es decir, el déficit está siendo sobre todo el resultado de la caída de la actividad económica que de la voluntad de tomar medidas contracíclicas para frenar el deterioro de la economía.

Quizás en donde más se ha notado este impacto ha sido en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, sobre todo en estos últimos, ya que sus arcas públicas están estrechamente sometidas al ciclo de la construcción, que ha llegado a representar niveles muy elevados de la recaudación. El frenazo de la actividad inmobiliaria se ha traducido en un aumento de los déficits en las administraciones periféricas, tanto autonómicas como municipales. No parece que este rápido deterioro de las finanzas en estos dos sectores del ámbito público se haya traducido de momento en planes de ajuste y recorte de gastos. Las evidencias ponen de relieve cómo los gastos de la mayoría de los grandes municipios y de las Autonomías no han sido sensibles aún a las nuevas condiciones en las que se está moviendo la economía española, con un exigente control del gasto como premisa principal para frenar el crecimiento del déficit.

¿Controla alguien el desequilibrio efectivo de las cuentas autonómicas y municipales? En teoría, las leyes vigentes establecen límites muy precisos al endeudamiento, que en algunos casos no puede superar el 110% de los gastos corrientes. En la práctica, los límites parecen haber saltado por los aires debido a algunas labores de ingeniería contable, en las que intervienen empresas públicas creadas en ocasiones con el único fin de sortear los controles oficiales. El control efectivo del Estado sobre las arcas municipales y autonómicas está brillando por au ausencia.

Con los mercados de capitales acosando a España por los cuatro costados y las agencias de calificación apuntándonos con la escopeta cargada, está claro que la evolución de las cuentas públicas de estos dos grandes agentes del gasto en España resulta insostenible. Si ya en el tramo final del pasado año la deuda de los entes territoriales aumentaba a un ritmo del 29%, en el primer trimestre del año en curso lo ha hecho, según datos publicados este viernes, en un 28% para las autonomías y en un 15% en el caso de los ayuntamientos.

La deuda acumulada por las Autonomías es ya de 95.000 millones de euros, en torno a un 9% del PIB, mientras en los Ayuntamientos representa el 3,4% del PIB. En el caso de las Autonomías, la mitad de la deuda está en manos de entidades financieras y el resto se encuentra en forma de títulos que circulan por los mercados, es decir, dinero que se ha obtenido a través de emisiones en los mercados de capitales. La comparación de las cifras actuales con las de hace dos años (es decir, con el momento del umbral de la crisis económica) es llamativo por la aceleración de gastos y deudas. En el caso de las Autonomías, un tercio de la deuda actual se ha generado en un período de poco más de dos años, justo cuando el desfallecimiento de los ingresos fiscales fue manifiesto mientras la reacción de las autoridades autonómicas para frenar el gasto fue prácticamente nulo, lo que ha derivado en una escalada alcista del déficit y de la deuda.

Pensar que los mercados de capitales van a seguir financiando los desmedidos gastos de Autonomías y Ayuntamientos españoles como lo hicieron todavía en el curso del año 2009 sería ilusorio. En estos momentos, es el Estado español el que está teniendo dificultades para colocar deuda entre los inversores extranjeros y si lo está logrando es a base de multiplicar los costes, ofreciendo rentabilidades que empiezan a resultar prohibitivas para el coste del Estado. Si eso sucede al estado español, el panorama que se les presenta en los próximos meses a las Autonomías y los Ayuntamientos para financiar sus deudas se puede suponer. No queda más remedio que afrontar de forma urgente un ejercicio de realismo, recortando drásticamente los gastos de los servicios más próximos y cercanos a los ciudadanos. Lo contrario sería suicida.

Publicdo en republica.es