Debemos defender lo firmado, y debemos hacer escuchar nuestra voz ante el Gobierno de España. Ni RENFE ni el ADIF son empresas privadas, y por ello, sus decisiones no han de basarse sólo en balances financieros.

Expresamos en el Pacto Social y Político de Reformas en Extremadura, que el ferrocarril cohesiona nuestro territorio, que su papel es fundamental, que es un elemento de atracción poblacional hacia las zonas rurales, y que es necesaria una estrategia de ferrocarril convencional que complemente el impulso de la alta velocidad.

Lo anterior lo apoyamos todos a una: gobierno, partido del gobierno, interlocutores sociales y Partido Popular. Y lo rubricamos.

Ahora el Ministro Blanco parece que va en línea opuestamente frontal. En Zaragoza dijo hace unos días que iba a priorizar la alta velocidad en el eje mediterráneo, y sigue sin dar fecha para el AVE extremeño. Y además, apunta que tren convencional que no sea rentable, será suprimido.

Debemos defender lo firmado, y debemos hacer escuchar nuestra voz ante el Gobierno de España. Ni RENFE ni el ADIF son empresas privadas, y por ello, sus decisiones no han de basarse sólo en balances financieros.

¿Se imaginan que la alcaldesa socialista de Cáceres suprimiese líneas de autobús de Aldea Moret con el centro de la ciudad por la escasa rentabilidad de las líneas? Tendría tan poco sentido como lo que quiere hacer Zapatero con el ferrocarril de Extremadura.