El rey, demandado por ir de caza a Botsuana

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El abogado y pensador Antonio García-Trevijano y José María Aguilar han presentado ante la Fiscalía Anticorrrupción, en representación del Movimiento Ciudadano Republicano Constituyente (MCRC), una demanda contra el Rey don Juan Carlos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al aceptar que el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali afrontara los gastos de su último safari en Botsuana. Dicho viaje privado al país africano, del que Vanitatis informó en primicia, salió a la luz pública a raíz del accidente que sufrió el monarca, que le obligó a ser operado por la fractura que sufrió en la cadera derecha.

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Elaborada por el abogado José Luis Escobar, la denuncia, que toma como base la doctrina del Tribunal Supremo en el ‘caso de los trajes’, comienza con un relato de los hechos acaecidos, entre ellos la operación del Rey y las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación sobre la figura de Kayali, administrador y hombre de confianza del príncipe Salman bin Abdulaziz al Saud, ministro de Defensa de Arabia Saudi y representante de los negocios de la dinastía saudí en España. Cabe recordar también que Kayali fue uno de los hombres que intercedieron para la concesión a España de la construcción del AVE entre La Meca y La Medina.

Escobar intenta justificar los motivos por los que el monarca español podría haber cometido un delito de cohecho impropio -que equipara con el del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en ‘el caso de los trajes’, por el que finalmente fue absuelto- alegando que se produce este delito cuando una autoridad admite, en provecho propio, una “dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo”, según el artículo 422 del Código Penal.

Aparte de todo, lo que se intenta ‘tumbar’ con dicha denuncia es la inviolabilidad del rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución Española, para lo cual se pretende acotar el significado de dicho aserto precisando que el Rey solamente “es irresponsable en sus actos como jefe de Estado, para los que necesita el refrendo de un miembro del Gobierno”. Y añade que la irresponsabilidad no implica que don Juan Carlos “pueda hacer lo que desea, sino justo lo contrario, que no puede oponerse a decisión alguna de las que tiene encomendadas constitucionalmente”.

Asimismo, aferrando a actos del soberano que no necesitan de ningún refrendo como es el caso de la organización de la Casa Real y la libre distribución del presupuesto, Escobar rebate que esa irresponsabilidad no puede concebirse como un “privilegio personal”, según preserva el artículo 65 de la Carta Magna y ratificó España en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998) que, en su artículo 27.1, establece que el tratado es aplicable “por igual a todos” y, por tanto, “el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, no le exime de responsabilidad penal en ningún caso”. Dicho tratado fue ratificado por las Cortes cuatro años después.

Aunque son conscientes de las dificultad de que esta denuncia contra el Rey pueda prosperar, los demandantes sostienen que llegarán “hasta el Tribunal Constitucional” para que al menos se emita doctrina de hasta qué punto es inviolable un jefe de Estado. Dicha demanda está interpuesta por varios integrantes del MCRC -liderado por Antonio García-Trevijano- así como otros particulares residentes en Alemania e Inglaterra, que se han sumado a la denuncia.

Víctor Cepeda/Vanitatis

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