Esta amnistía es un mensaje demoledor para los ciudadanos que cumplen», asegura Óscar López, secretario de Oganización del partido

El goteo de recursos del PSOE para intentar frenar en los tribunales lo que no tiene modo de parar en el Parlamento sigue adelante. Ayer solicitó a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno para hacer aflorar dinero negro. Y el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, anunció que el Consejo de Gobierno acordará mañana llevar al Tribunal Constitucional el decreto de ajuste con el que el Ejecutivo español pretendía ahorrar 7.000 millones de euros en sanidad.

En los seis meses de legislatura, los socialistas han anunciado ya casi una decena de recursos. La diferencia del que este lunes se llevó a la consideración de la Audiencia Nacional es que intenta evitar que el perdón a los evasores fiscales llegue a aplicarse efectivamente; con las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional no hay modo de lograrlo.

Tiempo de declaraciones

«Esta amnistía es un mensaje demoledor para los ciudadanos que cumplen -recriminó el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López-, una discriminación positiva hacia quienes defraudan a Hacienda, justo cuando la inmensa mayoría de los contribuyentes están presentando sus declaraciones de la renta».

El PSOE, aún así, también solicitó ayer al Tribunal Constitucional que revise el decreto ley del perdón fiscal que, a su juicio, vulnera por partida doble la Carta Magna, porque es «especialmente injusto» en sus consecuencias y, además, «manifiestamente contrario a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad».

De acuerdo con la iniciativa aprobada por el Gobierno, quienes quieran regular su situación fiscal solo tendrán que hacer frente al pago de una multa por el 10 % del valor de los bienes aflorados para rentas superiores a 100.000 euros.

Los contribuyentes cumplidores, recuerdan los socialistas, pagan el 43 %.

«Es injusta e inaceptable moralmente», insistió López, que ha recordado que el anterior Gobierno socialista recaudó 10.000 millones luchando contra el fraude fiscal, cuanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende conseguir 2.500 millones «perdonándolo».