El Ayuntamiento de Mérida anuncia que emprenderá acciones judiciales contra los anteriores gestores municipales por LA REALIZACIÓN DE IRREGULARIDADES PUNIBLES cometidas en el proceso de adjudicación del contrato del Tren Turístico a la empresa “Trenes turísticos y Atracciones Extremeñas S.L”.

Un hecho que el Ayuntamiento considera “de suma gravedad” toda vez que la sentencia obliga a indemnizar “con una importante cantidad de dinero de las arcas municipales” a una de las empresas perjudicadas, “por todo el tiempo que ha estado privada de la explotación de dicho tren turístico”. De esta “importante mordida al erario público en época de crisis profunda” el Ayuntamiento responsabiliza  “al gobierno anterior” al que pedirá explicación vía judicial.

Tal y como establece la sentencia “la empresa adjudicataria- mencionada anteriormente- debería haber sido excluida del concurso por no cumplir las condiciones del pliego”.

El Ayuntamiento señala que estamos ante “un  nuevo caso de abuso de poder, de amiguismo y alteración en el procedimiento de adjudicación” con el fin de favorecer a una empresa determinada, afín al Gobierno socialista de Ángel Calle.

Dicha acusación del actual equipo de Gobierno, viene respaldada por dos sentencias que consideran “nula” la resolución dictada por la Mesa de Contratación, celebrada en marzo de 2008, por la que se adjudica a la empresa “Trenes turísticos y Atracciones Extremeñas S.L” , el contrato de instalación y explotación de un tren turístico en Mérida.

Dicha sentencia reconoce la “ilegalidad” de la composición de la Mesa de Contratación, en la que se encontraba “presente el concejal del PSOE, Roberto Olivera”, quien, según el la resolución “no debería formar parte de la Mesa -a tenor del pliego- y cuya presencia no se justifica de forma alguna”.

Este es uno de los aspectos principales que se desprende de la denuncia presentada por la empresa “Tour&Tren Hermanos Márquez S.L”, demandante en dicho proceso, quien además alega “que la Mesa de Contratación, modificó los criterios de adjudicación de forma arbitraria e ilegal, suprimiendo algunos de ellos, añadiendo e inventando otros que no estaban especificados en el pliego de condiciones”.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento asegura que estamos ante “un nuevo caso de irregularidad y opacidad de los anteriores gestores municipales”, con claros indicios de favoritismo y amiguismo: “han actuado de forma arbitraria e irresponsable, a sabiendas de no estar llevando  a cabo un proceso de adjudicación justo y equitativo y en el que se han visto perjudicadas otras empresas concursantes”.

El Ayuntamiento denuncia lo que a su juicio,  ha venido siendo una práctica habitual en los años de gobierno del PSOE : “la falta de transparencia en la adjudicación de contratos”; actuación  que en legislaturas anteriores del PP, subraya el Ayuntamiento “no sucedió jamás, de hecho, en los doce años de Gobierno de Pedro Acedo, no hubo sentencia alguna que anulara ningún procedimiento de contratación”.

 Así, dado el perjuicio que se ocasionará al erario público, a la vista de la ejecución de esta sentencia, el Ayuntamiento anuncia que “ se tomarán medidas aún más drásticas contra los responsables de dicha ilegalidad”, calificada de muy grave, por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.