El pleno se reúne mañana, consciente de su fracaso por no tener aún un acuerdo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volverá a intentar cerrar mañana la elección de su presidente, siendo consciente del fracaso de no haber sido capaz de alcanzar un acuerdo tras dos días de reuniones y con la presión de las asociaciones judiciales, que creen inaplazable el nombramiento.

A esta reunión, los 20 vocales acuden con la intención de encontrar un candidato que consiga los doce votos necesarios para ser elegido, pero no parece fácil, ya que hasta ahora y a pesar de los numerosos contactos que han mantenido no han logrado un nombre que alcance ese consenso.

En las dos reuniones que el pleno mantuvo la semana pasada no apareció un posible presidente que reuniera esa mayoría de tres quintos que marca la ley para la elección del presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y, según algunas fuentes del Consejo, la situación no ha cambiado mucho.

Si todo se mantiene igual, en el próximo pleno, tres o cuatro de los vocales seguirán votando sistemáticamente en blanco, como han hecho con los más de veinte candidatos que hasta ahora han sido sometidos a aceptación, algunos de ellos, sin que antes fueran consultados por su disposición a aceptar el cargo, según las fuentes del CGPJ. Una situación que la vocal Margarita Robles reconocía la semana pasada como un «cierto fracaso» de los miembros del Consejo, que no están sabiendo dar respuesta adecuada a las exigencias de la carrera judicial y de la sociedad.

Detrás de esa incapacidad para elegir un candidato, algunas asociaciones judiciales ven también el interés del Ministerio de Justicia de dilatar la elección del presidente del Poder Judicial, después de proponer una reforma integral del CGPJ que pretende «subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo».

Ataques a Gallardón

Esa es la opinión del portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, quien instó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a no interferir en este proceso y a los vocales a no dejarse influir por «presiones políticas».

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ve «inadmisible» que el Consejo no pueda cumplir con su función constitucional de designar a su presidente, más allá de que se tome un tiempo de deliberación razonable para ello. También el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, cree que la carrera judicial necesita el nombramiento «urgente» de un presidente.