UGT Extremadura ha instado al Gobierno de la región a que no aplique la norma de desatención sanitaria a las personas en situación administrativa irregular, la cual –ha dicho- afectaría a unos mil inmigrantes que residen en la comunidad autónoma, por lo que “económicamente es irrelevante”.

En nota de prensa, UGT ha denunciado que los convenios especiales de prestación por asistencia sanitaria a extranjeros en situación administrativa irregular suponen una violación de un derecho básico y una dejación de funciones por parte de las administraciones, que ponen en riesgo la salud de las personas y de la salud pública general.

El sindicato ha considerado que estos convenios son un claro ejemplo del “afán recaudatorio” del Gobierno, que condenarán a la total desatención a miles de personas, y ha recordado que el derecho a la protección de la salud, individual y colectiva es un mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a tutelar y organizar el ejercicio de ese derecho mediante las prestaciones y los servicios necesarios.

En función del mandato constitucional, el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros estaba recocido en el artículo 12 de la actual Ley Orgánica de extranjería, con el único requisito de estar inscritos en el padrón del municipio donde tengan su domicilio habitual.

Extremadura es una de las regiones que menos población inmigrante tiene del estado español, en torno al tres por ciento de la población empadronada en Extremadura es inmigrante.

Los inmigrantes irregulares en Extremadura, según estimaciones de este sindicato, está en torno a 1255, de los que el veinte por ciento de los mismos son menores de edad, por lo que la norma afectaría a unas mil personas y el ahorro económico es irrelevante.

Por eso, UGT Extremadura ha instado al Gobierno de la región a que no aplique la norma y sigamos teniendo una sanidad pública y universal.