El Gobierno, a petición de la Comisión Europea, aplaza al próximo viernes 31 de agosto la aprobación del real decreto que adapta la legislación española a las condiciones del memorando que permite a España recibir hasta 100.000 millones para sanear la banca.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el real decreto ley está ultimado, pero la Comisión Europea "ha pedido una semana más" y el Ejecutivo ha accedido.

No obstante, ha insistido en que "no hay puntos de discrepancias, sino la voluntad de trabajar juntos" y ha defendido la participación de Europa "en el diseño de un sistema que no es fácil".

Además, "si son los europeos los que ponen el dinero, el proceso hay que discutirlo y hablarlo con ello", ha argumentado la vicepresidenta, quien ha recordado que la próxima semana sigue estando dentro de plazo.

Expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional mantienen hoy una reunión en Madrid, en la que también participan representantes del Banco de España y el Ministerio de Economía para estudiar estos cambios normativos.

Fuentes financieras han explicado a Efe que el encuentro servirá especialmente para aclarar algunas cuestiones sobre la creación del "banco malo", que permitirá a las entidades traspasar sus activos tóxicos, pero la vicepresidenta ha subrayado que el contenido del real decreto ley del próximo viernes es "mucho más amplio".

Y todo ese contenido, ha dicho, se analizará con la Comisión Europea, sin que ello quiera decir que existan discrepancias sobre el contenido del texto.

De hecho, preguntada directamente por esta cuestión, ha asegurado que "no hay un problema en relación al banco malo", sobre el que los expertos advierten de las dificultades para valorar los activos que asuma.

Hasta el momento, un borrador del real decreto ley, en el que aún no se desarrolla el "banco malo", recoge que en última instancia se podrán liquidar entidades inviables al tiempo que permite que las instituciones con ayudas pero con visos de ser rentables, como el caso de Bankia, tendrán hasta siete años para devolverlas.

La norma también busca elevar la solvencia de las entidades financieras españolas y dar más potestades al FROB para actuar en aquellas que sólo necesiten una pequeña ayuda ("intervención temprana") o para acometer una profunda reestructuración o una verdadera liquidación.