El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo por el que contesta a un requerimiento de incompetencia planteado por la Generalitat de Cataluña y estima que es competente al hacer la distribución territorial de subvenciones sociales con cargo al IRPF.

Según la referencia del Consejo, el asunto deviene de la Orden Ministerial 1199/2012 de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que establece las bases reguladoras y la convocatoria de la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Cataluña cuestionó esa Orden y solicitó su derogación o, subsidiariamente, modificar la redacción de algunos artículos para proceder a la distribución territorial entre las comunidades autónomas de las correspondientes consignaciones presupuestarias, transfiriéndoles las cuantías resultantes a fin de que sean gestionadas por ellas mismas.

La referencia añade que el requerimiento cuestiona, por tanto, la centralización de las subvenciones en el Estado porque al ser el ámbito material subvencionado, la asistencia y servicios sociales, de competencia exclusiva autonómica, las ayudas previstas deben ser territorializadas a través de las comunidades autónomas.

El Gobierno no acepta las alegaciones de la Generalitat al entender que la Orden requerida tiene adecuada base competencial en la Constitución, pues entiende que la gestión centralizada resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas.

Alude a una sentencia que establece que, a pesar de tener las autonomías competencia exclusiva sobre la materia en que recaen las subvenciones (en este caso, asuntos sociales), éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado.

Será cuando resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional.

La referencia del Consejo agrega que la doctrina alegada por la Generalitat se entiende que no es de aplicación al caso actual.