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DEX
Domingo, 16 septiembre 2012
LA MAYORÍA DE ELLOS DESPROVISTOS DE TARJETA SANITARIA.

La Iglesia pide atención para los inmigrantes sin papeles

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España era conocida en la UE, como el país con el sistema de acceso a la salud más igualitario. La ley pretendía que todos, españoles o inmigrantes, con papeles o no, tuvieran los mismos derechos sanitarios.


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España entendió bien que con la salud no se jugaba. La visita al médico quedó al margen del control de fronteras. Pero, desgraciadamente, eso terminó y  el  derecho  a  proteger la salud,  se ha convertido  en una frontera más  a superar.  El Gobierno Español acaba de dar,  desde  el 1 de septiembre,  un enorme paso atrás en política sanitaria.        

                                         

La crisis actual, más que económica, está ganando también la partida de los derechos humanos. Con la crisis como excusa, se ha dejado de considerar que la salud es,  junto a la vida,  uno de los bienes  más preciados para todos. No solo para unos pocos.

 

En septiembre ha entrado en vigor un Real Decreto de abril pasado, que trata de  reducir  el gasto sanitario.  En el decreto  se da un cambio radical  a los artículos  de  la Ley de Extranjería,  que regulan  la asistencia  sanitaria de los inmigrantes sin permiso de residencia, “sin papeles”.  Por tanto,  a  este colectivo se le retirará la tarjeta sanitaria, y no tendrán derecho a ser asistidos, salvo los menores de edad y las embarazadas. Solo podrán acudir a las urgencias.  Con esta medida,  según el gobierno,  se  ahorrarán  unos  500 millones de euros.  Antes todos los “sin papeles”  tenían acceso a la asistencia sanitaria, si se hallaban  empadronados en el municipio de residencia, la cual no ha sufrido, por ello, merma en la muy cualificada atención sanitaria de todos los ciudadanos, foráneos o de aquí; sin embargo han abusado de ella “los turtistas sanitarios”, no inmigrantes.

 

La España solidaria ha dado un giro brutal e injusto hacia las posiciones más duras de la UE, como Suecia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Rumanía…

En esta Europa de la democracia y los derechos humanos,  se ha creado una “segunda categoría” de personas en el acceso a la salud,  violando un derecho fundamental e inalienable.   Negar la asistencia a este colectivo,  supone algo muy grave, para personas con escasos o nulos ingresos, pues, según los datos de las organizaciones que las atienden, un gran número de ellas, sufren niveles extremos de explotación, de pobreza  y  exclusión.

 

            Por otra parte, dejar al margen de la sanidad a un colectivo de personas, residentes en un pueblo o ciudad, anula en parte la eficacia de las medidas  de salud pública que se hayan tomado. ¿Qué eficacia tendrían  las medidas para prevenir una pandemia de gripe A,  si se margina a una parte de la población?

Además, si al colectivo de los “sin papeles” se les da solo asistencia sanitaria en urgencias,  a la larga resultará más caro,  y  correrá el riesgo de saturarse. Pensamos que resulta mucho más barato y eficaz curar a las personas en las primeras etapas de la enfermedad, que cuando ya se ha agravado.

 

            Hay países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, Italia y Portugal, que no han recortado la cobertura sanitaria de los “sin papeles”, a pesar de que están pasando por situaciones económicas dificultosas.

 

            La Iglesia,  en su  Doctrina Social,  clama contra esta medida injusta  y nos dice con toda claridad:  “Todo emigrante goza de derechos fundamentales   e inalienables,   que deben  ser  respetados   en cualquier  situación”.   (“Erga migrantes caritas Christi”).

 

            Nuestros Obispos,  bien en sus diócesis,  o  a través de la Conferencia Episcopal  Española, han levantado su voz contra esta medida discriminatoria, injusta e inmoral y han denunciado los efectos perniciosos del Real Decreto: “Para la Iglesia,  el inmigrante,  independientemente  de la situación legal, económica, laboral,  en que se halle,  es una persona  con la  misma dignidad  y  derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”,   sino una persona”.    (Conferencia Episcopal Española.             “ La Iglesia en España y los inmigrantes”).

 

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 Numerosas entidades como Cáritas, la HOAC , la JOC,  Servicio Jesuita a  Migrantes,  Pueblos Unidos,  Andalucía Acoge,  PICUM,  CEAR,  Federación SOS  Racismo, APDH-A,  etc. exigen una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas,  sin distinción,  ni discriminación alguna.   Todas ellas nos invitan a las comunidades cristianas y a la sociedad, en general, a asumir nuestra especial responsabilidad, en la defensa de los derechos de justicia  de quienes son más pobres y vulnerables.

 

            Sin duda,  son muy encomiables  las iniciativas  de varias comunidades autónomas y de numerosos profesionales del sector sanitario, que han decidido no seguir  esta  legislación   y   atender a todas las personas inmigrantes,  que soliciten consulta médica, con papeles o sin ellos.  Es un compromiso  valiente,  en aplicación   a su código ético-deontológico,  por el que se sienten  obligados  a prestar atención a las personas que la necesiten. Esta Delegación diocesana de Migraciones les apoya y pide también su “respaldo solidario”, para que el Gobierno reconsidere y derogue este injusto Real Decreto.

 

 

                                                  Delegación Diocesana de Migraciones

                                                                de Coria-Cáceres

                                    

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2 Comentarios
José Mirasierra Cano
Fecha: Jueves, 20 septiembre 2012 a las 10:50
Estoy plenamente de acuerdo con el contenido de la denuncia. No se puede ahorrar siempre a costa de los más débiles y marginados. Por otra parte, el gobierno pretende ahorrar con esta medida 500 millones de €. ¿Por qué no les exige a los grandes clubes de futbol los aproximadamente 750 millones de € que adeudan a hacienda?
Juan
Fecha: Lunes, 17 septiembre 2012 a las 03:01
EN ARGENTINA SUCEDE LO MISMO, GENTE DE PAISES LIMITROFES, COMO PARAGUAY, VIENEN A ARGENTINA PORQUE LA ATENCION EN LOS HOSPITALES PUBLICOS, ES GRATIS,, EXTIRPAR UNA VESICULA EN PARAGUAY, SALE U$S.2.000. EN ARGENTINA ES GRATIS.ESTA PAGO POR LOS CONTRIBUYENTES.

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