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Jueves, 20 septiembre 2012

Nevado-Batalla resalta las posibilidades de modernización y flexibilización que el teletrabajo va a aportar a la Administración

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El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, ha calificado como “ciertamente numerosas” el número de solicitudes recibidas por el parte del empleado público de la administración regional APRA participar en el programa piloto de teletrabajo.


Nevado-Batalla, que ha hecho una evaluación sobre la primera fase de este proyecto del gobierno regional ante el Parlamento, ha explicado que este modelo de trabajo va a “fomentar la modernización de la Administración pública” trasformándola de una administración “cavernaria” a una más moderna y flexible en la que “determinadas cargas que sufre el empleado público sean más livianas y menos pesadas”.

El responsable de Administración Pública, ha recordado que gracias a los avances tecnológicos el teletrabajo es un modelo laboral que, en primer lugar, tiene importantes y directos beneficios sociales por cuanto es una manera de conciliar la vida laboral y familiar, además de posibilitar un ahorro a los empleados cuya unidad administrativa está ubicada en una localidad distinta a la de su lugar de residencia. En segundo lugar, mejorar la productividad y reducir costes en la administración. “Con el teletrabajo vamos a confiar más en el empleado público. Vamos a darle más responsabilidad y confianza, generando un espacio de motivación. Todo ello, va a suponer una optimización de los costes para los empleados extremeños, con niveles de desplazamiento muy elevados, y también para la administración”.

El consejero de Administración Pública ha recordado que en el decreto 127/2012, de 6 de julio se establecía un programa piloto con 25 empleados públicos como fórmula inicial para la implantación paulatina de está fórmula de trabajo.

En este sentido, cabe destacar que en los próximos día se iniciará la fase de selección de trabajadores entre las solicitudes que cumplen todos los requisitos recogidos en el decreto y que establece como punto de partida para acceder al programa piloto que los solicitantes sean trabajadores de la consejería de Administración Pública, tengan adquirida la condición de funcionarios y no ejerzan tareas de atención directa al ciudadano, entre otras condiciones.

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