El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha calificado la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) de “muy negativa para los intereses de las explotaciones agrarias y ganaderas de la región”.

Ignacio Huertas ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Extremadura, donde ha comparecido para hablar sobre la futura reforma de la PAC.

En su intervención, ha manifestado que para UPA-UCE, la lectura de la propuesta produce sentimientos de “vértigo e inseguridad” por los incumplimientos de otros años: “Es muy difícil para un agricultor o un ganadero planificar o invertir cuando a uno le están cambiando constantemente las reglas del juego”.

Para Ignacio Huertas, los continuos recortes en el presupuesto suponen un duro golpe para las explotaciones agrarias de la región, ya que estas ayudas son fundamentales para su supervivencia: “Si queremos tener una política agraria fuerte a nivel europeo, necesitamos un presupuesto lo suficientemente importante para conseguirlo, porque si no, las medidas podrán ser buenas, malas o regulares, pero desde luego no serán efectivas”, ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que el recorte previsto para los próximos siete años (2014-2020) se cifra en un doce por ciento, aunque hay previsiones que apuntan a que este dato podría elevarse hasta el 16 o el 17 por ciento.  

El secretario general de UPA-UCE Extremadura ha destacado la importancia de que haya un marco regulatorio estable, ya que desde la organización agraria se exige que la Comisión adquiera un compromiso con lo que se apruebe para los próximos siete años, e incluso, Huertas ha apuntado a que ese plazo se amplíe hasta 2024: “este sería un periodo de tiempo suficiente para que el sector pueda invertir y para ganar competitividad”.

Además, UPA-UCE Extremadura ha rechazado el planteamiento de la Comisión Europea de fijar una “tarifa plana” en lugar del pagó único que se viene realizando, por resultar lesiva para explotaciones de tabaco, tomate, olivar y ganado. Esto desembocará en un trasvase de fondos de los agricultores profesionales a las grandes explotaciones.

Otro punto en el que UPA-UCE no está de acuerdo es en establecer un periodo de referencia de un año a futuro, en vez de tomar la referencia de las campañas pasadas, ya que entiende que esta propuesta favorecerá a las actividades especulativas.

Además, UPA-UCE rechaza condicionar el treinta por ciento de los pagos directos de la futura PAC a nuevas exigencias medioambientales obligatorias (el denominado pago verde o greening), ya que la organización considera que se le dedica demasiado presupuesto a este aspecto y que agricultores y ganaderos “ya están cumpliendo los requisitos marcados por Bruselas con explotaciones sostenibles”.

En contraposición, Ignacio Huertas ha indicado que la partida para ayudas acopladas es insuficiente, por lo que propone que una parte del presupuesto dedicado al ‘greening’ pase a las ayudas acopladas.

En referencia a las ayudas destinadas a promover el desarrollo rural, UPA-UCE ha apostado por un reconocimiento del trabajo de las explotaciones familiares mediante la puesta en marcha de un contrato territorial de explotación.

Para finalizar, Ignacio Huertas ha recordado a los miembros de la Comisión Agraria que las decisiones que tomen en torno a la reforma de la PAC deberá evitar la “lucha entre territorios y entre productores dentro de Extremadura”, por lo que anima a la Comisión Agraria a elaborar una propuesta de reforma que “contemple la diversidad agrícola y ganadera de la región”.