En la actualidad el Gobierno ha concedido, según la consejera, un total de 3.500 ayudas de Renta Básica, aunque no ha podido concretar el número de solicitudes que se encuentran en estos momentos en tramitación o con algún documento dentro del proceso administrativo.
Si bien, ha aclarado, en referencia a estos últimos, que pueden ser que tengan algún documento «ya contabilizado» o que se traten de expedientes que están «en requerimiento de subsanación» y que por lo tanto, «dependen de la fecha de entrega de la documentación pendiente».
Además, ha dicho que el número de solicitudes «en el día de hoy son las mismas que ayer» una situación en la que influyen, según Muñoz, factores como «los desistimientos o la situación de la Administración»; y que además a partir de la entrada en vigor la nueva normativa, el sistema de gestión de tramitación cambiará y por lo tanto, las solicitudes se «movilizan con más agilidad».
En cuanto al tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de las ayudas, hasta la implantación del nuevo decreto ley, en respuesta a preguntas de los periodistas, la consejera de Política Social ha considerado que «no se ha tardado», sino que «se han visto cuáles eran las circunstancias» y a este respecto, y frente a otras comunidades autónomas donde las listas de espera «son de un año», el sistema de gestión en la región «se ha mejorado».
En este sentido, ha recordado que la Consejería de Salud y Política Sociosanitaria, que hasta la última remodelación del Gobierno extremeño gestionaba las ayudas de la Renta Básica, «implantó un derecho», que permitía incluir «mejoras» en las ayudas, dado que Extremadura partía con las mismas condiciones que el resto de comunidades.
Por último, ha resaltado que con estas modificaciones el Gobierno extremeño quiere «buscar la perfección» y ser «pionero» en la gestión de políticas sociales.
