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EL INCIERTO FUTURO DE LA MARINA DE VALDECAÑAS

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Uno de los 18 hoyos del campo de golf de Isla Valdecañas.

Hace unos cuantos años los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas con una extensión de unas 114 ha, sobre los que hoy se levanta la urbanización de alto standing Marina de Valdecañas, estaban ocupados por masas de eucaliptos y matorrales de escaso valor ambiental.

En el año 2003 esta área y toda la limítrofe al embalse de Valdecañas, con una extensión de 7.459 ha fue declarada por la Junta de Extremadura como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) denominada “Embalse de Valdecañas” e incluida en la Red Europea Natura 2000.

En abril de 2007 la propia Junta de Extremadura declaró la construcción de la urbanización como PIR (Proyecto de Interés Regional) con el fin de legalizar la ejecución posterior de la obra. Se construyó una primera fase con 185 villas de lujo, hotel, campo de golf e instalaciones complementarias: piscinas, playa artificial, jardines, embarcadero…etc.

Asociaciones ecologistas consiguieron que los tribunales de justicia declararan esta urbanización como ilegal por estar construida sobre la ZEPA, que es una zona protegida. Actualmente se está pendiente de la ejecución de sentencia sobre la misma.

Parece que los estudios que sirvieron de base para declarar esta ZEPA no eran muy completos a juicio de los expertos del CSIC de la Estación Biológica de Doñana, a los que el TSJEX (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura) ha encargado un informe ambiental para valorar la solución futura más conveniente para esta urbanización de lujo de cara a la ejecución de la sentencia: demolición y restauración ambiental, restitución a su estado inicial o conservación de lo hecho.

De igual modo en el informe de esos expertos se reconoce que el valor ambiental de la Isla no era extraordinario. ¿Y siendo así por qué se incluyó en la ZEPA? De igual modo dicho informe echa de menos la existencia de datos ambientales antes de la construcción del complejo. Estas consideraciones son indicio de que la declaración de esta ZEPA por parte de la Junta de Extremadura se hizo como poco de manera un tanto precipitada. La política ambiental lo dominaba todo pensando erróneamente que iba a ser la solución para Extremadura. Se ha demostrado que estas políticas conservacionistas son un craso error si no se complementan con firmes políticas de desarrollo que en Extremadura brillan por su ausencia.

No obstante, me asalta una duda respecto de este informe del CSIC ¿Cómo es posible que el resto de la superficie que queda de la ZEPA, si se excluye la Marina de Valdecañas y que suma 7.345 ha, no tenga capacidad de acogida para la fauna que habitaba en las 114 ha ocupadas por la urbanización (el 1,52 % de la superficie total de la ZEPA)? ¿Esta circunstancia se ha estudiado a fondo en el informe? Porque da la impresión de que se produce una fragmentación en el estudio del CSIC. Considera dos conjuntos inconexos: por un lado, la Marina de Valdecañas y por otro el resto de la ZEPA. Lógicamente ha de haber interacciones entre ambas.

isla valdecanas
Vista panorámica del Complejo Marina Isla de Valdecañas.

Las organizaciones ecologistas promotoras de la iniciativa para la demolición de la urbanización se muestran eufóricas porque, según ellos, el informe del CSIC les da la razón y propugna la demolición y restauración ambiental como mal menor desde el punto de vista ambiental, que es el único considerado por ellos. Los impactos económicos y sociales parece que no han de tenerse en cuenta.

Creo que el Tribunal va a tener que hilar muy fino cuando dictamine sobre la ejecución de la sentencia. El valor ambiental de la Isla de Valdecañas que, el propio informe del CSIC considera como no extraordinario, no debiera interferir negativamente en las condiciones socioeconómicas de un área muy castigada, con un bajo nivel de desarrollo y para la que la construcción de esta urbanización de lujo ha supuesto una inyección de oxígeno para fijar la población e incrementar sus débiles rentas.

Si el tribunal opta por la demolición de lo construido con una restauración ambiental o la restitución a su estado inicial y no se mantiene la urbanización, nos encontraremos ante dos situaciones muy negativas: una que la zona volverá al subdesarrollo anterior, y otra que todos los extremeños a través de la Junta de Extremadura habremos de indemnizar a los promotores de la obra con el lucro cesante y restitución de lo invertido, ya que la urbanización tenía todas las bendiciones autonómicas para su construcción. Difícil papeleta para los jueces.

Espero que este episodio servirá de lección a los políticos extremeños para no llevar a cabo más protección del territorio. Sobre todo, si esta se hace sin estudios muy concienzudos sobre el particular.

Parece que Extremadura que ocupa el furgón de cola del desarrollo español, con la menor renta y PIB per cápita de España, debería abandonar ya el camino conservacionista si no quiere que la emigración alcance límites insostenibles y convierta a la región en un desierto.

Una cosa es proteger las áreas de alto valor ambiental, a lo que nadie debería oponerse, y otra es convertir Extremadura en un parque natural, sin desarrollo posible. Eso tiene un precio y habría que ver si los extremeños estamos dispuestos a pagarlo. Y no sólo los ecologistas.

Por eso tal vez sería muy urgente que la Junta de Extremadura revisara las zonas protegidas existentes liberando de esta protección a todas aquellas que no tengan un valor ambiental destacado. De lo contrario el desarrollo extremeño continuará siendo muy precario o inexistente. Y como consecuencia Extremadura será difícil que levante cabeza.


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