La portavoz de Agricultura y Desarrollo Rural del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Mercedes Morán, ha criticado la pasividad del gobierno regional ante la sequía “extrema” que está afectando a diversas producciones agrícolas y explotaciones ganaderas y, en este sentido, le ha exigido que “deje de escudarse en los seguros”.
En una rueda de prensa en Mérida, Morán ha indicado que la inactividad de la consejería del ramo es “total”. “No se evalúan los daños, no se convoca la Mesa de la Sequía, el CAEX no se reúne desde hace casi un año, en concreto desde septiembre del año pasado y lo que es peor, no se establecen medidas para paliar los efectos de esta sequía”, ha detallado.
A esta situación, ha dicho, se añade la actitud del Gobierno de España que, únicamente ha celebrado una reunión para abordar el tema de la sequía, un encuentro que, según las organizaciones agrarias asistentes no pasó de ser una “tomadura de pelo”, ha comentado la portavoz de Agricultura del GPP.
“Ante esa ruina, la consejera no puede mirar para otro lado”, ha añadido y ha defendido que se establezcan medidas de ámbito autonómico para paliar esta situación y, también, que la Junta reclame al Gobierno Central aquellas actuaciones que sean de competencia nacional.
“En nuestra opinión, la consejera no puede eludir su responsabilidad escudándose en seguros como el de pastos, que es muy ágil a la hora de cobrar las primas cada vez más altas a los ganaderos, pero totalmente cicatero a la hora de declarar siniestro e indemnizarlos”, ha incidido Morán.
A su parecer, ni la Junta ni el Ministerio están defendiendo a los afectados por la sequía ante la “opacidad” en el tratamiento de datos y de imágenes del satélite y la interpretación que de éstos hace Agroseguro, “cuyo increíble e indignante resultado es de sequía leve sin indemnización”.
Por otro lado, la portavoz ‘popular’ de Agricultura se ha referido también a la reasignación de fondos de la reestructuración y reconversión del viñedo como otro signo de la “desidia” de la administración autonómica hacia el campo extremeño.
Sobre esto, ha explicado que Extremadura siempre ha absorbido los fondos sobrantes de esta medida de otras comunidades autónomas que, a 30 de junio de cada año, comunican al Ministerio de Agricultura lo que no van a poder gastar. “La obligación para la región que coger ese sobrante, es gastarlo a fecha 15 de octubre, después de esta fecha el dinero no gastado, se pierde porque vuelve a Bruselas”, ha detallado.
Al respecto, ha comentado que la Junta gestiona “tan deficientemente esta ayuda” que tuvo que anular la convocatoria publicada en febrero por vulnerar la normativa nacional, provocando un retraso en la gestión y en los pagos que dio como resultado que, con fecha 30 de junio, el gobierno regional apenas había gastado 6,9 millones de euros.
“Con esta ejecución no es extraño que, a pesar de pedir más de 38 millones euros, Extremadura solo haya conseguido algo menos de 7 millones de euros, que es lo mismo que lleva gastado”, ha detallado y ha lamentado que a la “deficiente gestión” se suma la “deficiente defensa de los intereses de los viticultores extremeños”, ante la asignación “más baja de todo el país” y que “no cubrirá ni de lejos las necesidades”.
