El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado este miérocles en la sede de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura un escrito con el que pone en conocimiento de la Justicia las irregularidades halladas en la ‘Comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud’.

La portavoz del GPP, Cristina Teniente, ha afirmado que la operación salvamento de la empresa extremeña, que era una promesa de Vara, se ha convertido en “la operación chanchullo”, que ha acabado en la concesión del servicio de ambulancias a una empresa andaluza. Asimismo, ha recordado que las irregularidades acaecidas tanto en el proceso de concurso como en el traspaso de funciones se han acreditado con testimonios y documentos.

El Grupo Popular ha recordado que el escrito de conclusiones de la ‘Comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario’, que está ratificado por la mayoría de la Cámara menos el Grupo Socialista, recoge los hechos que hoy se han puesto en conocimiento de la Fiscalía. Además, ha hecho hincapié en que dicha comisión de investigación fue solicitada por el PSOE para acreditar un supuesto boicot de los trabajadores, algo que no ha existido.

Teniente ha aseverado que el GPP, como grupo parlamentario, “tiene la responsabilidad de poner los hechos en conocimiento de las instancias judiciales correspondientes”. En este sentido, ha anticipado que el PSOE suele negar todas las irregularidades que se han cometido en Extremadura bajo su gobierno, pero que cuando han sido denunciadas “han acabado en la Fiscalía, y después con socialistas condenados a prisión”.

La portavoz del GPP ha insistido en que el concurso en cuestión, con un importe superior a los 122 millones de euros –el mayor de la actual legislatura- ha ido a una empresa de fuera de la región” en un proceso en el que se han vulnerado los principios más elementales en la contratación pública, como el principio de igualdad y el de libre concurrencia. Como ejemplo, ha destacado que se alteraron los precios y se dio información distinta a los licitadores sobre el contenido de la oferta.

También ha recordado que se produjeron anomalías en la inspección de los vehículos destinados al transporte sanitario, como se desprende de los datos y testimonios aportados en las sesiones de la comisión. Entre estas irregularidades constan inspecciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “trasladando a inspectores fuera” o contando como compareciente, en representación de los inspectores, con un cargo directivo del SES que no puede hacer inspecciones por motivos de incompatibilidad.

Teniente ha resaltado que todo este proceso ha significado la ruina de siete empresas de transporte, y que se han producido más de cien despidos de trabajadores del sector cuando en su momento la Junta aseguraba que nadie iría a la calle. Todo ello, ha indicado Teniente, con los sindicatos “callados sin defender a los trabajadores”. Un “conjunto de despropósitos” que se unen a las numerosas incidencias que se producen cada día en el transporte sanitario de la región, que están afectando a miles de pacientes.