Estas contrataciones, en régimen de concesión de servicio público, servirán para vertebrar todo el territorio de la región y conectar los municipios más pequeños no solo entre ellos sino también con las cabeceras comarcales para poder acceder a diversos servicios públicos, según ha señalado la consejera responsable del área de Transportes, Begoña García Bernal.
En este sentido, la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha puesto de relieve la necesidad de que haya un “equilibrio” en los servicios públicos a los que pueden acceder todos los ciudadanos, con independencia del lugar en donde residen.
Asimismo, García Bernal ha destacado el hecho de que el precio de licitación de estos servicios de transporte regular de viajeros se haya triplicado desde el inicio de la legislatura.
Así, ha explicado, si en el período comprendido entre los años 2000 y 2015 el precio medio fue de un millón de euros, en 2016 y 2017, con la declaración de obligación de servicio público, ascendió hasta 1.800.000 euros, en 2018 hasta 2.400.000 euros, y ahora, el precio de licitación de estas prestaciones para los ejercicios 2019 y 2020 se fija en los 3.300.000 euros anuales.
Este precio de licitación, ha señalado la consejera, supone ayudar a las empresas a alcanzar el equilibrio económico en la prestación del servicio.
También ha puesto el acento en que, al tratarse de un servicio público de carácter universal, deberá cumplir las condiciones de accesibilidad para que “nadie se quede al margen”.
