En un encuentro con los periodistas en un hotel de Cáceres, Cayetano Polo, director de relaciones institucionales de Infinity Lithium en España y David Valls, director general de la compañía afirman que la denegación de la Junta de Extremadura responde más a intereses políticos que a criterios técnicos además de que con tal decisión » se rompe el principio de seguridad jurídica que deberían tener este tipo de procesos administrativos”
Así, Valls muestra su sorpresa y desaprobación ya que considera que no solo se va en contra de los intereses de los cacereños, » sino que también incumple con la legalidad vigente y las anteriores posturas adoptadas por la misma administración”., en su decisión de cancelar el segundo Permiso de Investigación ‘Valdeflórez’ al considerar que las algunas técnicas que se emplean en dicho proceso de investigación son contrarias a los usos que el Plan General de Urbanismo Municipal contempla en ese suelo.
“Con la denegación de este permiso, la Junta de Extremadura está incurriendo en una flagrante contradicción de sus propias declaraciones en el otorgamiento original, no habiéndose producido ningún hecho novedoso que pueda explicar el cambio de criterio”, ha afirmado Valls.
“Cabe recordar —proseguía Valls— que en la retroacción original del Permiso de Investigación ‘Valdeflórez’ el único defecto a subsanar era el periodo de exposición pública, quedando el resto de actos administrativos vigentes y válidos, entre ellas, la compatibilidad en materia legal y urbanística. La incongruencia evidente es que la resolución administrativa ante los mismos hechos no puede cambiar de criterio”.
El director general de Infinity se refería, así, al Permiso de Investigación que se concedió en 2016 y en el que la Junta contestó 15.000 alegaciones y las desestimó: “Es llamativo que la única alegación que haya tenido en cuenta ahora sea la del Ayuntamiento de Cáceres, cuando en el inicio del procedimiento la Junta puso de manifiesto que el proyecto era compatible urbanísticamente con la normativa”.
Asimismo, afirma que » Durante los últimos años, diversos intereses minoritarios de esta ciudad han querido disfrazar el ruido de unos pocos como el sentir mayoritario de los ciudadanos de Cáceres. De esta forma, se ha dejado en silencio y sin representación pública a una mayoría de cacereños que apoyan, o están abiertos a considerar, las múltiples posibilidades que ofrece un proyecto industrial y minero que constituye una vía de futuro para nuestra ciudad.
Sobre los plazos legales, Valls ha confirmado que la empresa presentará recurso de alzada en el plazo de un mes y esperará a que la Junta de Extremadura resuelva en el plazo de seis meses. “Si finalmente no se concediera el permiso, recurriremos a la vía judicial para defender nuestros derechos”, ha concluido Valls.
Por su parte, Cayetano Polo, director de relaciones institucionales de la empresa, ha manifestado su sorpresa ante lo que considera una “huida política de la Junta” por ceder ante las presiones políticas por parte del Ayuntamiento de Cáceres y una parte de la sociedad “que no representa al conjunto”.
“A pesar de la oposición política inmovilista y cerrada al diálogo de la administración local y la pasividad de la regional ante sus presiones, seguiremos trabajando con transparencia y de acuerdo con los requisitos legales existentes en España y en Europa, como hemos hecho hasta el momento, para poder lograr atraer nuevas iniciativas a Cáceres que generen riqueza, empleo y oportunidades para sus ciudadanos”, ha recalcado Polo.
Resultados encuesta
Ambos representantes de la compañía han coincidido en señalar que en la encuesta realizada por Sigma2 en el mes de marzo casi la mitad de la población, concretamente un 49,8%, ha mostrado su apoyo al proyecto, aunque un 20,6% condiciona este apoyo a la creación de empleo y a la atracción de industria a la ciudad, “algo para lo que estamos trabajando desde el inicio del proyecto”, han remarcado.
