España es un país en el que se legisla de manera exhaustiva. Casi todo está regulado con minuciosidad incluso de forma prolija. Disponemos de normativa europea y nacional, autonómica y local para dar y tomar. No será por falta de leyes.
El problema surge cuando esta legislación no se cumple y al infractor no le pasa nada o le ocurre muy poco. Ahí está el ejemplo paradigmático de Cataluña. Allí sus órganos de gobierno, legislación y administración se pasan las leyes por el arco del triunfo sin consecuencias para los que las infringen. Sólo cuando la cosa es tan gorda como una declaración unilateral de independencia, se produce una intervención a fondo del poder judicial. Que ya veremos en qué queda.
La reciente tragedia que ha costado la vida al niño Julen Roselló en Málaga, es un ejemplo de lo que digo. Un sondeo de 25 cm de diámetro seco y además ilegal, queda sin sellar y tapar. En sus juegos, el crío se desliza por los bordes y cae en el mismo. Rescate dificilísimo en el que se han empleado todos los medios personales y técnicos posibles. Sobre eso no hay nada que objetar. En mi opinión las cosas se han hecho correctamente dadas las dificultades existentes y la premura necesaria en las actuaciones. Pero el resultado ha sido el peor imaginable. Por desgracia.
Solamente ha sobrado una cobertura mediática desmesurada, en muchos casos con participación de tertulianos que no tenían idea del tema y acompañada en algunas ocasiones de la publicación de “fake news” (noticias falsas).
Un sondeo ilegal, sin permiso alguno, se ha cobrado la muerte de un niño y ha dejado sumida a la familia en el dolor y la desesperación.
Es seguro que, si se hubiera cumplido la legislación en materia de alumbramiento de aguas esta desgracia podía haber sido evitada. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus reglamentos, junto a la legislación de minas indican claramente, los permisos y actuaciones que han de llevarse a cabo cuando se realiza una perforación en busca del líquido elemento. Se obtenga o no se obtenga agua. El pozo o sondeo ha de quedar protegido si se encuentra el preciado líquido o sellado si la perforación es negativa.
En nuestro país, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo sondeos ilegales, sin que los organismos competentes tomen cartas en el asunto. Se ha instaurado la política de mirar para otro lado sin sancionar a los infractores. Y sé de lo que escribo. Por las razones que sean especialmente por la búsqueda del voto, los pecadores se van de rositas. Y esta afición al sondeo ilegal sigue en pie y se ha extendido cual mancha de aceite por toda España, especialmente por las regiones áridas o semiáridas con acuíferos potentes: La Mancha, Andalucía, Levante y Cataluña, por ejemplo. Pero se da en todo nuestro país sin distinción de regiones.
Dentro del conjunto de pozos o sondeos ilegales, cuyo número estimado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 era de unos 500.000, debe de existir un buen porcentaje de ellos que está en las mismas condiciones de peligrosidad que el que se ha cobrado la vida de Julen. Y que son una amenaza potencial para la integridad de los ciudadanos. La cifra de 500.000 pozos ilegales significa que aproximadamente hay en España 1 pozo ilegal por km2. Equivale a uno cada 100 ha. Preocupante como mínimo.
La vigilancia de estas actuaciones ilegales ha ido a menos en la medida en que las Confederaciones Hidrográficas y sus Comisarías de Agua encargadas de esta misión han ido disponiendo cada vez de menos medios para llevarla a cabo. Los políticos se han dedicado a mirar para otro lado, reduciendo al mínimo el número de sanciones por la apertura de estas obras ilegales. Les importan mucho más los votos que las vidas de los Julen de turno o que los daños que estos pozos ilegales causan en los acuíferos de los que extraen el agua. La sobreexplotación de estos mantos de agua subterránea les trae al fresco a los dirigentes, que pasan olímpicamente tanto del perjuicio que causa a los usuarios legales del agua, como del daño medioambiental que producen en la masa de agua subterránea.
Nadie se preocupa de solucionar el problema. Este se ha convertido en una bola de nieve que en estos momentos tiene muy difícil solución. No se vigilan estas obras en el medio rural: la guardería rural que podía haber llevado a cabo una importante labor de detección en esta materia ha desaparecido y los medios con los que cuentan las comisarías de agua o el Seprona son cada vez más escasos. La culpa como siempre de la crisis. Aunque esta situación viene de mucho antes de las vacas flacas. Este cáncer lleva instalado en España desde hace un montón de años.
¿Y qué hacemos ahora? Pues como primera medida aplicar con rigor las leyes existentes. Eso sería lo menos que habríamos de hacer. Y lo segundo vigilar el estado de todos estos pozos y sondeos, denunciando la situación y obligando a los propietarios o titulares a tomar urgentes medidas de protección de estas instalaciones cuando no dispongan de ellas.
Me temo que la sensibilidad social por la muerte de Julen durará unos pocos días. Y luego volveremos a las andadas, a mirar para otro lado y a consentir que cada uno haga de su capa un sayo sin cumplir las leyes. Es lo nuestro. La picaresca se inventó en España. El Lazarillo de Tormes y compañeros mártires son españoles. Y en consecuencia somos destacados maestros en la materia.
