El Ministerio de Agricultura, por tanto, no ha atendido las alegaciones realizadas por Extremadura y mantiene su propuesta inicial. Se autorizan más del doble de las hectáreas permitidas este año, todas de replantación, que se asignarán por riguroso orden de entrada de las solicitudes hasta agotar la superficie máxima.
La Junta de Extremadura no acepta la propuesta de nuevas plantaciones de viñedo y ya ha anunciado que no descarta un recurso administrativo y judicial. El reducido número de hectáreas autorizadas supone un freno para el desarrollo de un sector que se ha incrementado cincuenta veces en una década. Ha pasado de poner en el mercado 100.000 botellas a tener esta campaña una previsión de ventas de más de 5 millones.
Por su parte, APAG-Asaja ha criticado que la resolución es una «burla y un duro golpe» al potencial de crecimiento de la región, que nuevamente ve cómo «se cortan sus alas para no hacer sombra a los competidores catalanes con nuestro vino espumoso».
A su juicio la resolución es cuanto menos “un despropósito», ya que es una decisión ‘ridícula’ con la que se frenan las aspiraciones de plantar centenares de nuevas hectáreas ante una creciente demanda del sector.
