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THE CROWN. LA CORONA ENSAYOS. LA IRRESPONSABILIDAD E INVIOLABILIDAD DE SU MAJESTAD EL REY

LA IRRESPONSABILIDAD E INVIOLABILIDAD DE SU MAJESTAD EL REY

 Generalmente las huestes neo republicanas, separatistas, independentistas y totalitarias de izquierdas en general (comunistas, marxistas, leninistas, troskistas, stalinistas, maoístas, castristas y chavistas…pido disculpas si me quedo alguno atrás) hablan ligeramente de la condición constitucional de irresponsable e inviolable del Jefe del Estado, como si fuese un privilegio primero, y un privilegio monárquico después. También interpretan con maligna intención la cuestión como si de un vestigio arcaico y caduco fuese; todo en un continuado y recurrente intento de socavar el primer Instituto del Reino, la Corona, y a su titular, Su Majestad el Rey; y con ello volar nuestro sistema constitucional, propio de una democracia occidental avanzada.

Entrando en materia y simplificando la cuestión el Rey no tiene poder, ni siquiera ese cuarto poder de representación que creaba tras los tres más conocidos la no nacida Constitución de 1873, de la Primera República, República Federal de España para su Presidente; si no tiene poder es evidente que no puede ser responsable; y si no es responsable es inviolable porque de sus actos responde otra persona. Repito, simplificando mucho la cuestión el planeamiento puede ser éste y el problema se plantea, no en los términos políticos caducos de los que quieren reventar el sistema, sino en la definición de la inviolabilidad e irresponsabilidad fuera del ámbito público o cuando se supone que se comete flagrante delito, lo veremos.

Así las cosas podemos decir que el problema de la inviolabilidad e irresponsabilidad no está en lo que significan estos conceptos en sí, sino en la regulación  y desarrollo legal que se haga de los mismos; también en la evolución de las cosas, dado en el siglo XIX el concepto de tráfico privado y el deber de ejemplaridad no eran los mismos que en la actualidad, tampoco la publicidad, difusión y conocimiento de los mismos es igual, por lo que una vez más es necesaria norma y regulación y establecer y definir la afección de la irresponsabilidad y la inviolabilidad al tráfico público y al tráfico privado de Su Majestad.

Pero antes y para que nadie piense que esto es un residuo dictatorial o franquista trasladado a la reciente, por última, Constitución de 1978 hagamos un recorrido histórico. Así anteriormente y constitucionalmente ocurría lo siguiente:

1812, artículo 168:

El Rey es Sagrado, Inviolable e Irresponsable.

1837, artículo 44:

El Rey es Sagrado, Inviolable e Irresponsable.

1845, artículo 42:

El Rey es Sagrado, Inviolable e Irresponsable.

1869, artículo 67:

El Rey es Inviolable e Irresponsable.

Proyecto de 1873, artículo 82:

El Presidente Federal de la República puede ser inhabilitado.

1876, artículos 48 y 49:

El Rey es Sagrado, Inviolable e Irresponsable.

Proyecto de 1929, artículo 43:

El Rey es Sagrado e Inviolable.

1931, artículos 84 y 85:

El Presidente de la República es Irresponsable civil y políticamente y responsable criminal y constitucionalmente.

Es importante el matiz que introduce la Constitución de 1931 para el desarrollo posterior, puesto que sin distinguir todavía entre lo público y lo privado, aunque marca las distancias entre la irresponsabilidad civil y la responsabilidad penal, si lo hace dentro de la primera dado que como los reyes desde la Constitución de 1812 es irresponsable en el ámbito del poder ejecutivo, que no tiene, pero si es responsable respecto a su poder constitucional. Todavía no se soluciona por tanto el problema de la responsabilidad civil en su tráfico privado, si bien parece que la penal incluye tanto el tráfico privado como el público. Puede decirse que la inviolabilidad es consecuencia de la irresponsabilidad, si el Rey es irresponsable en todos y cada uno de sus actos, sean privados o públicos, será también inviolable dado que no es dueño de esos actos que refrendan terceras personas. El dato republicano es esclarecedor y lejos de eliminar estas prescripciones las definió; el Presidente era irresponsable civil y políticamente por necesitar en esos actos el refrendo del Gobierno a través de un ministro y por ello resultaba inviolable por estas circunstancias, pero al tener competencias ejecutivas directas no podía serlo constitucionalmente dado que esos actos no necesitaban refrendo alguno y de ellos se podían derivar responsabilidades criminales y es por ello de la no mención a la inviolabilidad.

Si como concluimos se extiende la necesidad del refrendo a todos los actos, la irresponsabilidad sostiene eficazmente la inviolabilidad y regulado el procedimiento de, por un lado la responsabilidad jurídica, y por otro la responsabilidad constitucional se puede llegar a solucionar el problema de un acto del Rey que afecte a los derechos fundamentales de las personas, dado que su evidencia y prueba podrán hacer prosperar la responsabilidad constitucional, en este caso contra el Titulo Primero de la Constitución de 1978, y despojado ya de la irresponsabilidad y de la inviolabilidad afrontar la cuestión no como una Real Persona sino como una persona real, como un ciudadano más. Ello ayudará a distinguir entre la Corona y la persona, dado que en ese supuesto ya no será un acto del Rey, sino de, como hemos dicho, un ciudadano normal con una afección ordinaria  de la Ley.

Con respecto a la responsabilidad del Jefe del Estado es indispensable leer el Artículo 85 de la Constitución 1931, dado que la presunción y seguridad que tenemos del escrupuloso respeto de las funciones constitucionales por parte de Su Majestad, primero de Juan Carlos I y luego de Felipe VI, no evita la necesidad de regulación y de correcta interpretación, propia del siglo XXI, de los asuntos relacionados con la irresponsabilidad y la inviolabilidad. De todo el mundo podemos pensar que no van a cometer delitos y por eso no dejamos de tener leyes y regulaciones.

Con los antecedentes que tenemos no se puede caer en la frivolidad de no considerar este asunto, Fernando VII incumplió la Constitución y manipuló con un verdadero golpe de estado a favor de su hija la Ley de Sucesión; Isabel II se marchó con un golpe de estado; Amadeo I renunció a la Corona por no dejar de cumplir la Constitución, si bien apartó de forma inconstitucional a su hijo, el Príncipe de Asturias, de la sucesión en el trono; Alfonso XII llego tras un golpe de estado; Alfonso XIII apoyó un golpe de estado que acabó con el régimen constitucional, y siendo muy próximo familiarmente, don Constantino II de Grecia cometió casi el mismo error pues no apoyándolo permitió que se manejase a la Corona por los Coroneles y cuando reaccionó era tarde, lo que unido a la eficaz campaña denigratoria del Rey propició en un manipulado referéndum la República.

 La primera reflexión es que la inexistencia de un mecanismo legal, de acusación constitucional que permita destituir al Rey perjuro sin dañar a la Institución, a la Corona, provocó en todos los casos la caída del sistema en su conjunto. Sin embargo en los países que han cuidado estas cuestiones eso no ha pasado. En Bélgica tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Leopoldo III fue acusado de colaborar con el nacionalsocialismo, fue abierto un procedimiento y nombrado regente del Reino, primero su hermano el Príncipe Carlos y luego su hijo el Príncipe Balduino, también príncipe heredero y Lugarteniente General del Reino. En 1951 concluyó el asunto, denominado CAUSA o CRISIS REAL y tras un referéndum, no sobre la forma de Estado, sino sobre si el Rey Leopoldo podía volver a Bélgica como rey reinante, que fue lo aprobado, pero pasados pocos días de su regreso abdicó la Corona en su hijo Balduino I Rey de los Belgas. Ni en Grecia había, ni en España tenemos estos mecanismos.

Leopoldo III de Bélgica, con todo su valor simbólico ordena al ejército la rendición en mayo de 1940 frente a los nazis, y lo hace no sólo sin el refrendo del gobierno, sino con su oposición. Sin embargo los militares le obedecen, obedecen al Rey por encima de cualquier otra consideración, el prestigio, la auctoritas, el valor del símbolo en un momento decisivo y trascendente, se impone su liderazgo a cualquier otra circunstancia, si bien supone la ruina del Rey. De igual manera Juan Carlos I de España, con todo su valor simbólico ordena al ejército mantenerse en el orden constitucional en febrero de 1981 frente al golpe de estado, y lo hace sin refrendo del gobierno, secuestrado en el parlamento. Sin embargo los militares le obedecen, obedecen al Rey por encima de cualquier otra consideración, el prestigio, la auctoritas, el valor del símbolo en un momento decisivo se impone su liderazgo a cualquier otra circunstancia, en este caso supone el máximo prestigio del Rey.

Es lo que Max Weber denomina: “la legitimidad carismática” o Eduardo García de Enterría establece como: “la residencia de un cierto reservorio potencial y excepcional de autoridad en la posición constitucional del Rey”  Pero el ejemplo más destacado no es europeo. En agosto de 1945, en el Imperio del Japón ninguna persona, incluido el Emperador, poseía una autoridad ni remotamente similar a la del Presidente de los Estados Unidos de América. El Emperador estaba obligado a actuar con arreglo a la Constitución Japonesa de 1890 que se fundaba: “en el principio de que la soberanía residía en la persona del emperador, en virtud de su ascendencia divina, intacto para la edad eterna, en lugar de la gente y estipulaba que el Emperador es la cabeza del Imperio, combinando en sí mismo los derechos de soberanía”. La Constitución de 1890 establecía también que debía el Emperador asentir a los deseos del gobierno, del ejército y de la armada imperial. Constitucionalmente sólo podía adoptar la decisión de poner fin a la guerra cuando estas fuerzas lo hubiesen autorizado a hacerlo así, pero no ocurrió eso. El Emperador, en una situación límite para su nación, recurrió a la auctoritas que indudablemente le reconocían los japoneses para poner fin al conflicto, frente a la oposición de los estamentos gubernamentales y militares partidarios de la resistencia toda costa.

Son estos ejemplos todos ellos de responsabilidad constitucional, Leopoldo III, Hiro Hito, Constantino II y Juan Carlos I con diferente resultado para la Corona y para el Rey, la gran diferencia es que donde había Norma o se implementó inmediatamente, Bélgica y Japón, la Corona prevalece frente a la acción del Rey; donde no hay Norma la acción del Rey de los helenos arrastra a la Corona; y en España sin Norma, la Corona y nuestro entonces Rey tuvieron acierto y…suerte. Mejor tener Norma.

Pero no sólo la responsabilidad Constitucional necesita de regulación en pleno siglo XXI. La evolución de los actos jurídicos privados, mercantiles, civiles y otros, del Rey sin refrendo, ello con independencia de su relación con la Corona o no afectan a la inviolabilidad e irresponsabilidad del Monarca pudiendo interpretarse como impunidad  o privilegio. ¿Cómo corregir esta situación? Solamente de una manera: regulando con Norma la falta de derecho al Derecho Privado de las Personas Reales, así la irresponsabilidad deja de ser un presunto privilegio para ser una consecuencia de esa total  falta de independencia jurídica privada. El Rey al carecer de libertad sin refrendo para formalizar actos jurídicos privados e incluso los que afectan a su Casa y presupuesto que podrían ser refrendados por el Jefe de su Casa  no puede ser contemplado como sujeto de Derecho Privado y aunque se puede diferenciar, tanto en contenido como en responsabilidad y trámite, el –iure imperii-, acción como institución, del –iure gestionis, acción de tráfico privado, su capacidad de iniciativa es la misma en ambos supuestos: Ninguna sin el refrendo del Presidente del Gobierno, de uno o varios Ministros o del Jefe de su Casa, según los casos.

La inexistencia de responsabilidad política de los máximos responsables de las naciones es común a todos los regímenes constitucionales y democráticos europeos, siendo limitada la civil o penal en las Monarquías por la falta de poder político de los Reyes a diferencia de los Presidentes de las Repúblicas que si los tienen y por eso son responsables. En España todas las Constituciones desde la de 1812 han reflejado esa situación de irresponsabilidad, inviolabilidad y refrendo, incluida la de la Segunda República para su Presidente. Se cumple así el aserto británico –The King can do not wrong-, el Rey no puede hacer mal. Efectivamente  estas previsiones han sido recogidas de forma casi idéntica por todas las Constituciones Españolas  desde la de 1812, de la que la de 1978 copia casi literalmente. Se vuelve a cumplir  otro  principio normativo inglés -The King cannot act alone-, el Rey no puede actuar solo.

Conclusiones

 1.- Es necesaria una evolución  dado que si bien en épocas anteriores la inviolabilidad protegía como persona física privada y la irresponsabilidad afectaba a sus actos como institución, ahora, una vez más, es necesario adaptar y avanzar la interpretación de estos conceptos, desarrollados en el siglo XIX y XX a la realidad del siglo XXI, que no es otra que la plena identificación de la persona física con la Corona y por ello la regulación de la totalidad y conjunto completo de sus actos, de cualquier género y posibilidad, quedando sus denominados –actos civiles- o –actos de naturaleza privada- sujetos a control. Si sólo hace unos años un acto privado de cualquier autoridad podía ocultarse o quedar en ámbitos de reducida difusión, ahora ocurre todo lo contrario. La privacidad se ha perdido de Hecho y corresponde regular esa situación de Derecho dado que es sencillamente imposible diferenciar en este momento la persona de la de Su Majestad, pudiendo mantener, y con cuidado, su privacidad en el ámbito más íntimo personal y familiar de su existencia, pero no, por la fuerza de los hechos y las capacidades comunicación, interpretación y crítica de la sociedad actual, de su tráfico privado de cualquier condición jurídica

2.- Con respecto a la responsabilidad Constitucional siempre se planteó la cuestión de la irresponsabilidad e inviolabilidad respecto a si un Rey mata, asesina o viola por poner un ejemplo, cuestión citada incluso por destacados ponentes constitucionales. La responsabilidad Constitucional, distinta de la responsabilidad jurídica y en relación con el Título Primero de la Constitución puede resolver también esta cuestión en alusión a los Derechos Humanos y a los Derechos Fundamentales de las personas, pudiendo establecerse un procedimiento específico que podrán primero despojar de la irresponsabilidad e inviolabilidad, incluso con el paso de la Corona al Príncipe Heredero y luego, despojado de esa situación afrontar, como cualquiera la responsabilidad jurídica. En cualquier caso sería de desear que la regulación afrontase más el marco formal de la creación de norma, que la aplicación de la misma, dado que estaríamos ante un hecho palpable de una extraordinaria irresponsabilidad. Pero como hemos dicho antes la presunción de no cometer delito no supone que dejemos de legislar. Con todo ello la inviolabilidad o la irresponsabilidad del Rey, o del Presidente de la República, deja de ser un estatus de inmunidad y ni por asomo de impunidad para convertirse en una situación a la que se incorpora un  procedimiento especial de acusación, llegado el caso.

3.- La protección es necesaria por no poder estar el Rey o el Presidente de la República condicionado por una persecución criminal o una demanda ante la justicia ordinaria dado que, y ya ha pasado, el que se querella o el demandante esperan el allanamiento de la persona que tiene tan alta responsabilidad y lucrase con ello ante el peligro de difusión y alarma social que pueda motivar la cuestión, siendo el caso, si se tratara de una persona normal y corriente, que está agotaría el procedimiento en defensa de su mejor derecho y más si cree tener razón.

4.- Los españoles hemos reconocido constitucionalmente una desigualdad para una determinada familia en razón de nacimiento y ello les obliga a tener una manera distinta de afrontar determinadas cuestiones, el Rey tiene que ser Rey antes que padre, el hijo Infante antes que hijo, la madre Reina antes que madre. Caso contrario la salida es sencilla, la renuncia y pasar, pero con todas las consecuencias, de ser una Real Persona a una persona real. Es por ello que debería estudiarse la posibilidad de considerar agravante la dignidad nobiliaria como ocurre en el Derecho Británico, la pertenecía a la dinastía o a la nobleza ha dejado de convertirse en un privilegio para ser ahora una obligación, una obligación de ejemplaridad social y profesional que debe ser asumido con el efecto y responsabilidad que conlleva. .

5.- Si la inviolabilidad protegía su persona y la irresponsabilidad sus actos como institución en el siglo XIX y XX esos conceptos tiene que evolucionar ahora sin que suponga merma de garantías para la Nación en relación con su máximo representante institucional. Es por ello necesaria la regulación apropiada por si el Rey o el Presidente, delinquen llevándonos a  la definición perfecta de sus responsabilidades que podrían llevarle como cualquier otro ciudadano ante la justicia ordinaria y ser condenado por ello. No están libres de falta si atentan contra la vida humana, la integridad física  y mental de las personas o su dignidad aunque primero se les deba acusar de responsabilidad Constitucional, dado que en el supuesto monárquico y en el caso de un golpe de estado, ¿qué pasaría si un Rey lo apoya y el Príncipe lo rechaza? ¿También cae la Corona?  Y en el supuesto republicano sí Presidente lo apoya y el Vicepresidente también, ¿Y si no existe la figura del Vicepresidente? ¿Se restaura la Monarquía? Es por tanto que no se trata de hacer tabla rasa de lo que tenemos para empezar con otra cosa Se trata de analizar y fría y objetivamente y  proponer las regulaciones normativas que cubran los supuestos, todos, esperando no tener que aplicarlas nunca, Así podrá faltar la persona, pero no la Institución y eso supone el bien de todos y de la Nación.

6.- Tenemos que ser objetivos, en otros sitios que sirven de ejemplo para muchas cosas la legislación dinástica es muy distinta. En el reino de Dinamarca el Rey no sólo es inviolable e irresponsable, sino que es juez de la Familia Real, así lo pone de manifiesto el artículo 25 de la Lex Regia de 14 de noviembre de 1665, en vigor hasta nuestros días. La Ley, que regula las condiciones hereditarias de la Corona dice en el artículo citado que: “Los miembros de la Familia Real no son responsables ante juez alguno, ni pueden ser llamados a dar testimonio ante ellos. Su Juez único es el Rey o quien Su Majestad decrete”. Es evidente la extensión de la irresponsabilidad que lo es para todos los miembros de la Real Familia y allá son nada menos que 123 personas, entre los que se incluyen los descendientes de Su Majestad la Reina Doña Sofía que ocupa el puesto número 41 en la sucesión. En España en esa situación sólo se encuentra el Rey que tampoco es Jefe y Cabeza de Iglesia alguna, cuestión que también concurre en Dinamarca donde la Reina lo es, compromiso confesional evidente.

Propuesta

De la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Tráfico Público o Institucional

1.- La inviolabilidad e irresponsabilidad de Su Majestad el Rey lo es en relación con los actos de materia internacional, penal o civil o cualquier otro, concediéndole estatus de inmunidad frente a los mismos que deben ser siempre refrendados. Su Majestad el Rey no puede ser perseguido criminalmente y no puede ser demandado ante la jurisdicción ordinaria. Todos los actos públicos o privados de Su Majestad el Rey, que son de obligado refrendo, se encuentran por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia.

2.- Su Majestad el Rey será objeto de responsabilidad constitucional cuando sea criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales, conforme a lo previsto en la presente norma.

3.- Cualquier miembro de la Real Familia española puede ser responsable de la infracción de su responsabilidad o un incumplimiento con respecto a sus deberes constitucionales.

4.- Cuando se dé el supuesto de presunta responsabilidad, las Cortes Generales por mayoría de tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirán si procede acusar a la Real Persona afectada ante el Tribunal Constitucional. Mantenida la acusación por las Cortes, el Tribunal resolverá si la admite o no.

5.- En el caso de ser admitida la acusación por el Tribunal Constitucional, si fuese el Rey, se constituirá la Regencia en los términos dispuestos en la Constitución y en la presente Ley. Si fuese otra Real Persona quedará apartado de todas sus funciones oficiales y dinásticas hasta que se haga pública la sentencia.

6.- La causa seguirá su tramité hasta ser firme la sentencia, en el caso de ser desfavorable y en supuesto del Rey será depuesto, procediéndose a la proclamación de su heredero. En el caso del resto de las Reales Personas perderán su condición de miembros de la Real Familia Española, sin que esta pérdida afecte a sus descendientes en el caso de haber adquirido derechos de sucesión. En el caso de ser favorable para el Rey cesará la Regencia, retomando el Rey sus funciones. El resto de las Reales Personas retomarán sus funciones oficiales y dinásticas.

7.- La sentencia constitucional desfavorable no concluye el proceso, pudiendo reclamarse las responsabilidades penales y cualquier otra que puedan dimanarse. Estos procedimientos no están acogidos a la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey o al aforamiento de la Real Familia Española al ser automática la pérdida de esa condición con la sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional. Si la acusación no fuese admitida, o la sentencia fuese favorable, en el caso del Rey, del Príncipe de Asturias y del Infante Primer Heredero, las Cortes Generales quedarán disueltas y se procederá a convocar elecciones.

8.- Están legitimados y serán competentes para interponer la acción e iniciar el procedimiento para exigir la responsabilidad constitucional de las Reales Personas, los siguientes:

  • Cuando la imputación afecta a lo previsto en el Título Primero de la Constitución o en las causas competencia de la Corte Penal Internacional, y con carácter general a la vida humana, su integridad física, su integridad mental y la dignidad personal y pueda reconocerse una acción identificable personalmente del imputado o sea notoria, fragante y directa su implicación en la misma 25 diputados y senadores conjuntamente.
  • Cuando la imputación afecta a lo previsto en cualquier otra disposición de la Constitución, 75 diputados o senadores conjuntamente.
  • Caso de ser rechazada la acusación por el Tribunal Constitucional o en el supuesto de derechos fundamentales de las personas por el Tribunal de Justicia que competa los diputados y senadores firmantes de la misma quedarán inhabilitados para el ejercicio del sufragio activo o pasivo en todos los ámbitos político administrativos.
  • De igual manera ocurrirá en el caso de ser declarada la Real Persona, no culpable de las acusaciones que se le imputaban, respecto a los diputados y senadores firmantes de las mismas.

9.- Sólo será el Rey depuesto, tras sentencia firme, cuando la imputación sea por asunto penal o criminal en los supuestos que afectan a lo previsto en el artículo 10 y el Título Primero, Sección Primera, Capítulo Segundo  de la Constitución, o en el Artículo 27 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, y con carácter general a la vida humana, su integridad física, su integridad mental y la dignidad personal y pueda reconocerse una acción identificable personalmente del imputado o sea notoria, fragante y directa su implicación en la misma.

10.- En todo caso, penal o no, quedará el Rey apartado de sus funciones y se constituirá la Regencia en los términos dispuestos en la Constitución y en la presente Ley. Si fuese otra Real Persona la imputada en todo caso penal o no y en estos supuestos, quedará apartado de todas sus funciones oficiales y dinásticas hasta que se haga pública la sentencia.

De la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Tráfico Privado o Particular

1.- Los actos procedentes del tráfico privado o particular del Rey y cualquier otro que no esté expresamente previsto en como tráfico público o institucional del Rey en la Constitución revestirán la forma prevista, conforme a su especialidad y necesidad, en la legislación civil, penal y cualquier otra que sea de aplicación; estarán siempre refrendados por el Jefe de la Casa que será el responsable de los mismos, careciendo el Rey de firma sin refrendo y por ello irresponsable e inviolable en lo que de ellos se derive. Los citados actos carecerán de validez sin dicho refrendo.

2.- Todos los actos  de la Casa de Su Majestad el Rey son considerados tráfico privado o particular de Su Majestad y serán refrendados sin excepción también por el Jefe de su Casa. En ausencia justificada y extraordinaria del Jefe de la Casa de Su Majestad corresponde el refrendo al  Secretario General de la citada Casa.

3.- El Rey no puede constituir sociedad de gananciales.

4.- El Rey conserva la Patria Potestad y tutela de sus hijos menores de edad, así como la máxima autoridad dinástica en el seno de la Real Familia pero también carece de firma sin refrendo que corresponde en ambos casos al Jefe de su Casa

Comentario uno

 En el ámbito internacional hacemos especial referencia al artículo 27 del Estatuto de la Corte Penal Internacional que no reconoce inviolabilidad e irresponsabilidad a los Jefes de Estado. Hemos encontrado un camino, dado que los Derechos a los que se refiere la Profesora Doctora Gómez Sánchez, como veremos, son fundamentales y se encuentran recogidos en la Constitución. Hemos tipificado una acusación constitucional que cubre su presunta comisión con condiciones distintas de las de carácter político institucional. Es claro que si el Rey mata o se enfrenta a una investigación de paternidad y maternidad, tenemos un camino para despojarle de su inviolabilidad e irresponsabilidad y que responda de sus actos como cualquier ciudadano, conforme a lo previsto en el Título Primero de la Constitución. Respecto a su tráfico privado, el Rey puede comprar una vivienda o recibir una herencia, pero no es responsable ante una reclamación civil, lo es el Jefe de su Casa, que firma por él, el Rey no tiene firma sin refrendo y por eso es irresponsable y como consecuencia inviable por estos actos, en los que está afectado de “violabilidad” quien lo suscribe.

Nos atrevemos a manifestar que el problema considerado irresoluble por la Profesora Gómez Sánchez encuentra así una solución, frente a su manifestación: Respecto de la investigación de la paternidad y maternidad se plantea un problema jurídico irresoluble. En su caso, el reconocimiento debe ser voluntario del Rey, pues la exención de responsabilidad que le cubre es absoluta y no permite residenciarle ante ningún Tribunal. Ciertamente este hecho, para el que no parece haber solución jurídica pues la responsabilidad no es trasladable a ningún otro sujeto por vía del refrendo, puede originar la vulneración de algún derecho de los particulares.

Comentario dos

Queda así normalizada la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey, que no implican privilegio alguno, al carecer de libertad sin refrendo para formalizar actos jurídicos privados, mercantiles o civiles afecten o no a la Corona e incluso en relación a los que afectan a su Casa. Desaparece así la posibilidad de ser contemplado como sujeto de Derecho Privado y aunque se diferencia, tanto en contenido como en responsabilidad y trámite el – iure imperii -, acción como institución, del – iure gestionis – acción de tráfico privado, su capacidad de iniciativa es la misma en ambos supuestos: ninguna sin el refrendo del Gobierno o del Jefe de su Casa, según los casos. La inexistencia de responsabilidad política de los Jefes de Estado es común a todos los regímenes democráticos europeos, siendo limitada la civil o penal en las monarquías por la falta de poder político de los Reyes a diferencia de los Presidentes de las Repúblicas, con la excepción del caso del Reino de Noruega. Se cumple así el mandato legal británico, The King can do not wrong, el Rey no puede hacer mal. Por otra parte estas previsiones han sido recogidas de forma casi idéntica por todas las Constituciones Españolas incluida la de la Segunda República que también mantiene el refrendo gubernativo de los actos del Presidente de la misma y por tanto su irresponsabilidad e inviolabilidad. Se vuelve a cumplir otro principio normativo inglés, The King cannot act alone, el Rey no puede actuar solo. Si bien en épocas anteriores la inviolabilidad protegía como persona física privada y la irresponsabilidad afectaba a sus actos como institución, ahora, una vez más, es necesario adaptar y avanzar la interpretación de estos conceptos, desarrollados en el siglo XIX y XX a la realidad del siglo XXI, que no es otra que la plena identificación de la persona física con la Corona y por ello la regulación de la totalidad y conjunto completo de sus actos, de cualquier género y posibilidad, quedando sus denominados, actos civiles  o actos de naturaleza privada, sujetos a control. Es por tanto que se resuelve también con la alusión a los Derechos Humanos y a los Derechos Fundamentales de las personas la incertidumbre respecto a si el Rey mata, asesina, viola o engendra un hijo no reconocido, quedando establecido un procedimiento específico que podrán iniciar  25 diputados y senadores.

En conclusión, si el rey, delinque no nos encontramos ante el desprestigio de la Corona que como tal nos lleve al ocaso de la monarquía, sino a la delimitación perfecta de sus responsabilidades que podrían llevarle como cualquier otro ciudadano ante la justicia ordinaria y ser condenado por ello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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