Los alcaldes de los 33 municipios de la provincia de Cáceres que se verán afectados por el cierre de los servicios de Liberbank en sus municipios, han pedido a la Diputación Provincial y a la Junta de Extremadura que actúen ante lo que consideran «una exclusión financiera» que llevará a sus pueblos a «una exclusión social».
Esta medida afectará, sobre todo, a las personas mayores que no tienen medios para acceder a una banca online o a desplazarse a otras localidades para operar en sus cuentas, pero también a los jóvenes que trabajaban en las oficinas y que se que podrían quedarse sin empleo.
Así lo ha indicado el alcalde de Mata de Alcántara, Luis Galán, en representación de todos los regidores afectados que han manifestado este lunes que «hay que buscar una solución» ante este «abandono del medio rural» por parte de la entidad financiera, lo que repercutirá también, según ha dicho, en el despoblamiento de estas localidades, todas ellas con menos de 1.000 habitantes.
Estos municipios, que representan a unos 20.000 habitantes, han solicitado una reunión con el máximo responsable de Liberbank en la región al que le comunicarán que, en caso de seguir adelante con el cierre de oficinas, los ayuntamientos dejarán de trabajar con la entidad a partir del 1 de febrero y piden a la diputación cacereña y a la administración regional que también tomen esta decisión.
Asimismo se ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org, que ya acumula 2.000 adhesiones, para que los vecinos afectados, los comercios y otros negocios también retiren sus cuentas de Liberbank si no se ofrece una solución.
En una rueda de prensa celebrada en las dependencias centrales de la Diputación Provincial, en Cáceres, el alcalde de Calzadilla, Carlos Carlos, ha reprochado a la entidad que hace un año se firmara un convenio con los 14 Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia para gestionar más de 64 millones de euros en subvenciones que reciben estas organizaciones y que, ahora, «de una forma unilateral», anuncie que cierra estos locales.
La alcaldesa de Morcillo, Prado Sánchez, ha criticado que en su caso, esta oficina ya está cerrada desde principios de año, «sin ningún tipo de explicación oficial», más que un aviso en la puerta de los locales advirtiendo del cierre. «Lo han decidido de manera salomónica», se ha quejado.
Todos ellos han hecho un llamamiento a «otras entidades bancarias» para que hablen con los responsables municipales, los cuales están dispuestos a trabajar con ellos en caso de que «apuesten por el medio rural».
Liberbank aclara que no se cierran oficinas sino «ventanillas desplazadas», que abren dos o tres horas por semana
La entidad financiera Liberbank ha aclarado que no se cerrarán oficinas en la provincia de Cáceres, sino «ventanillas desplazadas», que funcionaban unas dos o tres horas semanales en un local, mientras que las oficinas físicas con las que cuenta esta entidad en la continuarán funcionando en su totalidad.
Se trata de «ventanillas desplazadas» que venían funcionando en municipios muy pequeños, y que cuentan con una oficina física de Liberbank en un radio de entre 10 y 15 kilómetros.
Estas «ventanillas desplazadas» se abren dos o tres horas semanales en un local, ya sea de la propia entidad, alquilado o municipal, y por tanto no se trata de oficinas propiamente dichas, insisten estas fuentes.
El cierre de estas ventanillas se produce además por «motivos de seguridad», ya que para su funcionamiento, un empleado de Liberbank tenía que desplazarse hasta la localidad, portando el dinero encima, con el consiguiente riesgo que eso conlleva.
La presidenta de la Diputación de Cáceres se reunirá este martes con responsables de Liberbank
La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha anunciado que tiene previsto reunirse este martes, día 30, con un responsable de Liberbank a nivel nacional, ante el anuncio de la entidad financiera de cerrar una treintena de ventanillas en otros tantos municipios de la provincia.
Cordero ha indicado que «hay que exigir una responsabilidad social» a la entidad y que la diputación cacereña «no puede mirar hacia otro lado», ya que este cierre influirá en la despoblación del mundo rural, una lucha que la institución ha enarbolado en esta legislatura.
«No apoyamos que se cierren las oficinas y estamos con los alcaldes», ha recalcado la presidenta provincial, quien respecto a la idea lanzada por los alcaldes de dejar de operar con la entidad llegado el caso, Cordero ha dicho que, si persiste la idea y no se ofrece otra solución la diputación estudiaría esta posibilidad.
«Si no quieren trabajar con los municipios y cierran las oficinas, la diputación se plantearía dejar de trabajar con ellos», ha dicho, al tiempo que añade que «tenemos un compromiso con los que se comprometen con esta tierra pero con los que no se comprometen, no lo tenemos».
