La Junta de Extremadura adopta medidas excepcionales y de carácter urgente para adaptar la Administración a la situación actual y garantizar la cobertura de los servicios públicos.
Así lo ha mantenido la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia hoy martes, a petición propia, ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre las medidas adoptadas por su departamento y hacer un balance provisional de las repercusiones económicas.
PRIORIDADES: PRESERVAR LA SALUD Y MINIMIZAR IMPACTO
Blanco-Morales ha comenzado su intervención destacando que los principales fines de la Junta de Extremadura son preservar la vida y la salud de los extremeños y minimizar el impacto social y económico de la pandemia en la región.
En el apartado de las medidas, la vicepresidenta primera ha afirmado que todas las decisiones adoptadas se basan en tres aspectos esenciales: el respeto a las pautas marcadas por las autoridades sanitarias, la coherencia con las decisiones tomadas por el Gobierno de España y el deseo de complementarlas para potenciar su eficacia en la región.
Para este fin, el Ejecutivo extremeño ha impulsado medidas excepcionales en recursos humanos para compatibilizar la salud de los trabajadores y la adecuada prestación de los servicios y para dotar de los profesionales necesarios para hacer frente a la crisis, especialmente en el ámbito sociosanitario.
Asimismo, se ha priorizado el teletrabajo y la asistencia telefónica, la celebración telemática de reuniones de los órganos representativos y de gobierno, entre ellos del Consejo de Gobierno, y se ha asegurado que ningún trabajador contratado durante el estado de alarma se viera perjudicado en sus expectativas laborales presentes ni futuras.
En el ámbito administrativo, se ha acordado la suspensión de plazos para la tramitación de procedimientos y, en materia de tributos, la ampliación y prórroga de los plazos de presentación y pago de impuestos y la elevación de la cuantía mínima para la exención en garantías de aplazamientos y fraccionamientos para favorecer la liquidez de familias, pymes y autónomos.
En cuanto a los gastos, se han arbitrado mecanismos que garanticen que los fondos públicos lleguen a su destino con celeridad, sin desvirtuar los controles que garantizan su buen uso; se ha agilizado el cumplimiento y acreditación de los requisitos en las subvenciones, que se podrán conceder de forma directa si están dirigidas a la gestión de la COVID-19, y se han reducido los trámites para los convenios.
BALANCE ECONÓMICO PROVISIONAL
La vicepresidenta primera ha realizado un balance de las consecuencias de la crisis sanitaria en las cuentas regionales, tanto en el apartado de los gastos como de los ingresos, mermados por el descenso de la actividad económica. Un análisis, provisional e incompleto, ya que los efectos de la misma aún no han cesado.
La titular de Hacienda ha puesto de manifiesto que las cifras de gasto generadas por la crisis dan una idea de la magnitud del reajuste que la pandemia provoca en los presupuestos para 2020.
En este sentido, se ha referido a los más de 20 millones de euros en costes de personal sanitario, sociosanitario y de emergencia, a los casi 58 millones destinados a pagos sociales, a los más de 8 millones de euros de rentas garantizadas, a los 2 millones en inversiones, a los 16 millones de gasto sanitario y a los 64 millones de euros de las ayudas al mantenimiento y recuperación del empleo incluidos en el Decreto-ley 8/2020, entre otros.
Asimismo, y para hacer frente a las necesidades de liquidez, el Gobierno de la nación adelantará el 50% de la liquidación de 2018 del Sistema de Financiación Autonómica; actualizará las entregas a cuenta y creará un fondo no reembolsable de los 16.000 millones de euros.
Desde el ámbito europeo, según ha explicado Blanco-Morales, la Comisión Europea ha flexibilizado la gestión de los fondos programados y agilizado su pago, lo que permitirá aumentar los recursos con los que proveer las nuevas necesidades.
Por último, ha recordado que el presidente de la Junta de Extremadura ya avanzó que la renovación de las cuentas regionales centrará el próximo debate del estado de la región, con una voluntad máxima de consenso para afrontar esta crisis sanitaria, social y económica.
