La reunión de la Consejo Interterrtorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ha concluido sin acuerdo, ya que las comunidades de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña y Ceuta, han votado en contra de la propuesta del Gobierno, mientras que Murcia se ha abstenido. Así lo han confirmado fuentes de la Comunidad de Madrid que han añadido que ahora se trasladará el documento para aumentar las restricciones en las ciudades más afectadas por la pandemia, a la Ponencia de Alertas de Salud Pública para estudiarlo técnicamente.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a comparecer esta misma tarde para explicar los términos en los que se ha desarrollado la reunión y la situación actual.
La propuesta de Sanidad rechazada proponía a las comunidades autónomas que aquellos municipios de más de 100.000 habitantes con una tasa de incidencia de COVID superior a los 500 casos en 14 días, con un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID superior al 35 % restringieran las entrada y salidas, cerraran los parques infantiles y limitaran aforos.
Esas son algunas de las once medidas de control y respuesta que afectarían a once municipios, incluido Madrid, según la propuesta que han votado esta tarde los consejeros autonómicos.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pidió al Ministerio de Sanidad criterios técnicos, científicos y legales «objetivos y claros» para todas las comunidades autónomas, a la hora de confinar municipios, pero que «no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas». Estos parámetros deben ampliarse dentro del «diálogo» con todas las consejerías de Sanidad de España, indica la Comunidad de Madrid en un comunicado.
El Ministerio de Sanidad proponía a las comunidades autónomas que aquellos municipios de más de 100.000 habitantes con una tasa de incidencia de COVID superior a los 500 casos en catorce días, con un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 por ciento y una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID superior al 35 por ciento restrinjan la entrada y salida de personas en esas localidades, que cierren los parques infantiles y limiten aforos. Así lo refleja la propuesta del Ministerio de Sanidad que esta tarde lleva al Consejo Interterritorial de Salud, tras el acuerdo alcanzado el martes con la Comunidad de Madrid para fijar criterios comunes para toda España.
Once ciudades, incluyendo Madrid, con una población global de casi cinco millones de personas, superan la tasa de 500 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes, uno de los tres criterios que fija la propuesta de Sanidad para aplicar restricciones de movilidad en estos municipios.
En la nota, la Consejería madrileña de Sanidad señala que «el compromiso de colaboración, el trabajo conjunto y la lealtad institucional» seguirán siendo los principios que guiarán las propuestas que defienda el Gobierno regional en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que abordará la situación del COVID-19.
Teniendo en cuenta que se está hablando de «derechos fundamentales y libertades de millones de personas que esos criterios van a restringir», la administración madrileña ve necesario crear una comisión de diálogo con criterios técnicos y científicos, y también legales.
Con el objetivo de acabar con el COVID entre todas las administraciones, la Comunidad de Madrid considera que es «imprescindible» una normativa «clara» para que las cuarentenas sean «efectivas». Además, quiere conocer la base científica y técnica que avala el nuevo criterio de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes que propone el Ministerio de Sanidad.
En el caso de la Comunidad de Madrid, especialmente, plantea que se tenga en cuenta el criterio de capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI. La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo además la construcción del nuevo Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que incrementará su capacidad de respuesta asistencial.
También reclama que se incluya como criterio la capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid, muy superior a la del resto de las autonomías. Con la colaboración del Gobierno central, la Comunidad de Madrid estaría en disposición de realizar un test a cada madrileño en estos momentos, precisa.
Además, pide que se tenga en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de veintiún distritos, de los que dieciocho superan los 100.000 habitantes, por lo que los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad.
Los tres distritos madrileños que tienen menos de 100.000 habitantes son Barajas, Vicálvaro y Moratalaz.
Reticencias de otras CCAA
El acuerdo del martes ha provocado además la reacción inmediata de presidentes autonómicos como Íñigo Urkullu, quién ha criticado que el pacto se haya tomado de manera bilateral entre ambos gobiernos y no sin antes haber consultado al resto de autonomías a través del Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne este miércoles para ratificar dichas medidas. «No es grato el juego que estamos viendo», ha asegurado el Lehendakari.
En términos parecidos se expresó el líder asturiano, Adrián Barbón, que lamentó a través de un mensaje en su perfil de Twitter el pacto entre ambas administraciones para endurecer en toda España las medidas en la lucha contra el Covid-19. Además, cargó contra las «excusas» de Isabel Díaz Ayuso para no actuar en la región madrileña porque considera que se pusieron en peligro «la salud» de la ciudadanía.
Desde Cataluña también se han mostrado muy críticos con este acuerdo. La Generalitat, a través de la consejera de Salud y de la consejera de la Presidencia, ha cargado duramente contra el pacto y ha insistido en su autonomía para tomar medidas que controlen la transmisión del COVID-19.
También se han pronunciado algunos políticos de esa región como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quién ha asegurado que este acuerdo se trata de un «155 para toda España«. Por su parte, desde Junts se preguntan que diría el PP si el Gobierno central hubiera pactado con Cataluña, en vez de con el Ejecutivo madrileño.
Otro gobierno autonómico que se ha quejado del acuerdo es el de Andalucía, que a través de su consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado que su comunidad «lo que no va a pactar son las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes», sino que eso deberá acordarse entre Junta y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha reaccionado al acuerdo cargando contra Isabel Díaz Ayuso. «No puede ser que pidamos autonomía y capacidad de decidir cuando las cosas pueden ir bien y, cuando hay que tomar decisiones más difíciles, recurramos a otros para cubrir nuestras decisiones», ha subrayado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.
En términos parecidos se ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig: «Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de la gestión de la pandemia». No obstante, ha apuntado que quieren conocer «en profundidad» la propuesta porque solamente saben lo publicado en los medios de comunicación.
Defienden que no tienen la misma incidencia que Madrid
La presidenta de Navarra, María Chivite, que se expresó antes de conocerse el acuerdo, quiso desvincular la situación epidemiológica de Madrid con la de la Comunidad Foral. Así, reconoció que Navarra presenta «muchos casos» de Covid-19, aunque ha sostenido que la situación en su territorio «no es comparable a la que tiene Madrid».
«Nosotros comunicamos todos los casos de manera diaria, no tenemos la tasa de ocupación hospitalaria que tiene Madrid, hacemos el doble de la media nacional en rastreo, y tenemos una tasa de positividad bastante controlada, por debajo de la media. Por lo tanto, tenemos muchos casos positivos pero tenemos una situación controlada y no nos tiembla la mano en tomar las decisiones que tengamos que tomar», ha afirmado la jefa del Ejecutivo foral.
Quién sí se ha expresado una vez conocido el acuerdo ha sido el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quién cree que este acuerdo «se circunscribe a Madrid» y se ha remitido a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este mismo miércoles para que se pueda concretar un posible acuerdo que afecte al conjunto nacional.
Por su parte, desde Extremadura, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha pedido «unidad de acción» entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas a la hora de tomar decisiones para paliar los efectos de la pandemia, y ha pedido criterios igualitarios y parámetros generales para todo el territorio español, así como que se eviten «encontronazos» entre los gobiernos.
Eso sí, antes de que se conociera el acuerdo entre Madrid y Gobierno central, Vergeles aseguraba que no se puede tomar «solo» como referencia la incidencia acumulada de casos para confinar determinadas zonas de Madrid porque con esos mismos parámetros, «se tendría que cerrar media Extremadura».
Page, el único a favor
Quién sí se ha mostrado acreedor del acuerdo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha sido el único que se ha pronunciado a favor porque considera que es «bueno» para las partes. «Estamos básicamente de acuerdo con lo que han acordado», ha añadido.
García-Page ha indicado que, independientemente del «ruido» que hay en España, la gestión cotidiana funciona «infinitamente mejor» de lo que pudiera parecer. «Al final, las direcciones generales de Salud Pública de todas las consejerías y el Ministerio mantenemos una coordinación que funciona», ha apuntado.
