Acabamos de recibir nuevamente una terrible noticia. Al parecer, un padre ha asesinado a su hijo de tres años. Lo más estremecedor es que la madre había recibido amenazas explicando su intención aterradora y por fin el agresor ha conseguido su propósito.
Tenemos muchas leyes que exigen y promueven la igualdad de todos los ciudadanos. Son las Cartas Magnas de los países civilizados, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a las que hay que añadir el Tratado de Roma y toda la extensa legislación de la Unión Europea, Reglamentos, Directivas, disposiciones administrativas. Lo que se debe hacer es aplicar la normativa y sin duda promover la educación, que penetre en el tejido social el respeto a todo ser humano, criterios que defiende la moderna sociología e intentar proteger a cientos de menores que son víctimas de ataques tremendos sufriendo lesiones, en el supuesto de que conserven la vida, no solo físicas sino psicológicas que se extienden en el tiempo. La Convención de la Haya firmada en 1980 y aprobada por España en 1987 estableció un sistema que ampara a los pequeños en situaciones conflictivas de rupturas familiares y matrimonios trasnacionales.
Sin embargo conviene recordar que nos invade un escepticismo al analizar lo infructuosos que resultan algunos sistemas de prevención. Cuando una persona está amenazada y tiene al enemigo en su casa o alrededores lo importante es que se le otorgue protección rigurosa, no una pulsera que identifique al agresor o el mandato de que se aleje. Se dice que es muy costoso, pero lo es mucho más la pérdida de una vida humana y la orfandad de tantos menores que tienen que pasar el resto de su vida sin un apoyo, sin una caricia materna y el recuerdo terrible de un progenitor asesino. No es suficiente con unos minutos de silencio ante los ayuntamientos o ante las casas de la tragedia, ni reportajes en los medios de comunicación con entrevistas a las personas atacadas. Hay que reaccionar. Todos, los poderes públicos, los Inspectores, policías, los médicos, tienen la obligación de proteger a la persona amenazada de forma efectiva. Es inevitable el dolor cuando pueda tratarse de personas enfermas pero hay que evitar estas tragedias.
En tiempos pasados, no tan lejanos se ha considerado como algo normal la inferioridad de las mujeres y la escasa importancia de los niños. Recordemos que a pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos solos se concedían al hombre, la prueba es que una revolucionaria Olimpe Couges intentó que se extendieran a las mujeres y fue ejecutada. En España también recibió desprecios Clara Campoamor que pretendía el derecho al voto para las mujeres. Aunque han pasado muchos años lo triste es que aún existan tratos diferenciales entre los sexos, en las familias, en los trabajos, en relación con los lugares de origen, en la esfera social, en las edades de los ciudadanos. Este asesinato tiene que ser el último. Hay que exigir una protección total a los que estén amenazados.
La Constitución es muy clara. Todos los españoles son iguales ante la ley. No puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Aplicar este precepto es lo que hay que exigir.
Debe conseguirse el respeto y valores sociales que procuran la convivencia para alcanzar el Universo moral, un ideal que han señalado importantes filósofos contemporáneos y hasta que eso se consiga, proteger con todas las fuerzas existentes a las personas que estén en peligro como sabemos, ahora mismo con este reciente ataque tan cruel, con graves consecuencias que afectan a mujeres y niños, para consternación de toda la sociedad. Muchos menores se nos han ido en edades tempranas a manos de padres o madres probablemente con desequilibrio mental pero hay que poner todos los medios para que no vuelva a producirse tal desgarro social.
