La jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida ha absuelto a la veterinaria y a los 11 cazadores acusados de sacrificar a 41 galgos desechados para la práctica de la caza, al considerar que «no ha quedado acreditado» ninguna de las acusaciones.
La sentencia considera que «no ha quedado acreditado que manera continua y a requerimiento de sus propietarios, la acusada haya provocado la muerte de diferentes perros sanos de razas especializadas en labores de caza», sin ajustarse a los protocolos exigidos, ni que la veterinaria aplicase a estos animales una inyección letal sin sedación previo pago de 15 euros.
Además, la jueza tampoco considera probado que los propietarios de los animales «acudiesen a citada encausada, alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones cinegéticas que les tenían encomendadas, considerándolos pues inservibles, ni que por ello manifestaran su intención de deshacerse de los mismos».
