Antes de iniciarse, se ha realizado un minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas
en nuestro país.
Posteriormente, la secretaria general, Patro Sánchez, ha realizado un análisis
socioeconómico de la situación actual regional y nacional.
En territorio nacional, la economía mundial se ha visto afectada por la invasión rusa de
Ucrania. El crecimiento económico mundial se estancó en el segundo trimestre de 2022, y
los indicadores de muchas economías ahora apuntan a un período prolongado de
crecimiento moderado, incluso depresión económica. La presión de la inflación en noviembre
en la Unión Europea tenía como media el 11.5%, alcanzando un 10% la tasa interanual de
la eurozona, con ritmos muy preocupantes de subidas generalizadas de precios desde la
energía hasta los alimentos. Las medidas tomadas por el BCE elevando los tipos de interés
nos parecen peligrosas para el empleo y las rentas de las personas trabajadoras con costes
fiscales, sociales y políticos. Urge reforzar las medidas sociales para proteger a los más
afectados por esta situación.
Estos últimos años, se ha demostrado que las sucesivas crisis a las que nuestro país, Europa
y el mundo están haciendo frente, solo pueden superarse con medidas sociales. La
reducción de los efectos de la inflación, protegiendo a las más amplias capas de la población,
manteniendo un sostenido incremento de la presión impositiva sobre las empresas y
personas con mayor capacidad y que incluso están siendo beneficiadas por la actual
situación –energéticas, bancos, grandes fortunas, etc.– son líneas políticas imprescindibles.
La resistencia a una mayor presión fiscal nos sitúa ante la realidad de unas empresas que
no han dejado de incrementar sus beneficios y pretenden no compartir con la sociedad sus
resultados.
Los datos del paro del mes de noviembre en España demuestran que las reformas
normativas adecuadas sí tienen efectos, asistimos a la positiva combinación de reducción
del paro en un mes en el cual es habitual su aumento con un incremento de la calidad del
empleo (43,2% de los contratos firmados en noviembre son indefinidos y la tasa de
temporalidad cae al 15,2%), lo que demuestra que la reforma laboral sigue generando un
impacto positivo en su objetivo de acabar con la precariedad laboral que predomina en
nuestro país. Aún hay en el desempleo 2.914.892 personas, de ellas más de millón y medio
de larga duración. Es un drama que puede ser evitado con medidas adecuadas.
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2023, desde la perspectiva de UGT
responden a la necesidad de consolidar y ampliar el paraguas social y derechos de los
ciudadanos de nuestro país con medidas de tanto calado como el mantenimiento del poder
adquisitivo de los pensionistas, el aumento de las percepciones de desempleo, la
recuperación de los derechos de los empleados y empleadas públicos, y la previsión del
continuo despliegue de Fondos europeos.
En cuanto a la marcha de la negociación colectiva, se aprecia un repunte del número de
convenios colectivos firmados en relación a los años de pandemia. Se han firmado a
noviembre del 2022, 2.801 convenios colectivos que afectan a más de ocho millones de
personas trabajadoras y casi ochocientas mil empresas, con una media de subida salarial
del 2,64%, una subida insuficiente para hacer frente a una inflación del 7.3%.
El SMI en España, gracias al Diálogo Social, ha superado los mil euros mensuales, sin
embargo, todavía está muy por debajo del nivel de otros países, mientras el poder de compra
de las clases trabajadoras está amenazado por las previsiones de inflación. Por esa razón,
urge recuperar el valor real del salario mínimo en 2023 como instrumento básico de la
capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, de acuerdo con los objetivos de la Carta
Social Europea y, siguiendo la línea de la reciente Directiva sobre salarios mínimos
adecuados en la Unión Europea.
Es nuestro momento y urge cambiar la realidad socioeconómica de nuestra comunidad
manera más sostenible y equilibrada, reforzando los derechos laborales, sociales y de
ciudadanía, elevando la calidad de nuestra democracia y potenciando nuestro estado de
bienestar. El empleo es el motor del bienestar social y de la calidad de vida.
Para la consecución de un ámbito laboral en el que impere la estabilidad y calidad en el
empleo, la herramienta más potente con la que contamos es la negociación colectiva, que
tiene que ir necesariamente unida a la lucha contra la precariedad del mismo, al desarrollar
un papel insustituible por las numerosas competencias que le corresponden, algunas por
expresa delegación de la legislación laboral. Debemos poner el valor de la negociación
colectiva como elemento esencial de redistribución de la riqueza de las economías.
En nuestra región se han publicado a noviembre del 2022, 13 convenios colectivos que
afectan a 120.539 personas trabajadoras. La subida salarial, es exigua, el 2,41% de media,
0,97% más que el año 2021, pero insuficiente para hacer frente a una inflación del 7,4%.
Los salarios deben ser capaces de proporcionar un nivel de vida digno y suficiente. La
posición de la patronal de bloqueo de la negociación colectiva tanto en el ámbito general con
el abandono del AENC y la resistencia en los ámbitos concretos de negociación al pacto de
medidas adecuadas que impidan el deterioro de la capacidad adquisitiva de las personas
trabajadoras por la inflación, manteniendo su poder de compra, han determinado un giro
importante en nuestra posición sindical ante un escenario obstruccionista que dificulta
enormemente la negociación.
