El exdiputado del PP está acusado de prevaricación y malversación durante sus años como alcalde de Trujillo.
El Tribunal Supremo explica que Casero concertó con diferentes personas y entidades una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso.
Añade que esta normativa «establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato».
El juez le imputa el delito de prevaricación porque su actuación «no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico».
Vía Canal Extremadura
