En respuesta a las crecientes quejas de los consumidores sobre los microcréditos, el Defensor del Pueblo ha decidido intervenir. Esta es la primera vez que la institución toma tal iniciativa en 2024, marcando un hito en la protección de los derechos de los consumidores.
Los microcréditos, que a menudo oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros, se conceden casi automáticamente, incluso a través de medios online o telefónicos. Sin embargo, la falta de un análisis de riesgos o de solvencia ha llevado a muchos consumidores a una situación de sobreendeudamiento.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, liderará esta actuación, solicitando información al Banco de España y a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa. El objetivo es evaluar el grado de protección que reciben los consumidores que utilizan estos microcréditos o préstamos rápidos.
Celestino García, un abogado de Avilés especializado en litigios con tarjetas revolving y estos préstamos, ha criticado duramente estos productos financieros. Según García, las TAE de estos productos suelen superar el 2.300%, y en algunos casos llegan hasta el 80.000%.
García también ha criticado a las entidades que defienden los microcréditos, argumentando que son un “producto específico” y que, por tanto, son legales. Sin embargo, García sostiene que los microcréditos, al igual que las tarjetas de crédito revolving, son puro crédito al consumo y, por tanto, son ilegales si se comparan con la media de los créditos al consumo.
La intervención del Defensor del Pueblo ha sido bien recibida por los consumidores y los juristas, quienes ven necesario establecer un régimen sancionador para evitar este tipo de comportamientos y reducir la judicialización de estos asuntos.
