Desde la entrada en vigor de la ley de amnistía al ‘procés’ el 10 de junio, al menos 86 personas han sido beneficiadas, incluyendo condenados exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes, incluidos los policiales. Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido acordadas en tribunales y juzgados de Cataluña.
Amnistías recientes
Este viernes, la Audiencia de Barcelona amnistió a 8 procesados: 4 manifestantes imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, resistencia grave y daños leves; y 4 miembros de los Mossos d’Esquadra acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones.
El jueves, el Juzgado Penal Número 2 de Figueres amnistió a la exalcaldesa Marta Felip (PDeCAT), procesada por desobediencia por su participación en la preparación del referéndum del 1-O.
El miércoles, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña aplicó la amnistía a un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric, condenado por prevaricación, y a una persona condenada por tenencia de artefactos explosivos en una manifestación en 2018.
46 policías amnistiados
Esta semana, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona amnistió a 46 agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona. El juez consideró que las actuaciones investigadas fueron de corta duración y enmarcadas en un objetivo policial definido.
Amnistías anteriores
El 25 de junio, el TSJ de Cataluña amnistió a 27 personas, incluyendo al exconseller de Interior Miquel Buch y al escolta de Carles Puigdemont, Lluís Escolà, ambos condenados por malversación.
Futuras amnistías
La Fiscalía General del Estado calcula que 486 personas podrían beneficiarse de la ley, afectando aproximadamente a 82 procedimientos penales en curso. Sin embargo, algunos delitos, como los de odio, no están cubiertos por la ley.
El Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar la malversación al ‘procés’ y ha planteado dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, solicitando al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto.