La recogida exprés del acta de diputado por parte de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, ha provocado que El PP y Vox denuncien una maniobra calculada para blindarse judicialmente justo cuando se abre juicio oral contra él y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias y prevaricación. El caso ha escalado ya a la esfera nacional y amenaza con agitar aún más el tablero político.
R. Dex, 25 de mayo de 2025.- En una semana marcada por la judicialización de altas figuras vinculadas al entorno de Moncloa, la figura de Miguel Ángel Gallardo ha adquirido una nueva dimensión política. El secretario general del PSOE en Extremadura y aún presidente de la Diputación de Badajoz, ha recogido su acta como diputado autonómico, lo que parece ser que le concede la condición de aforado, aunque aun no ha prometido ni jurado su cargo en Pleno de la Asamblea extremeña, y traslada su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El momento no ha podido ser más controvertido: la credencial se formaliza apenas un día antes de que un juzgado de Badajoz dictase la apertura de juicio oral contra él y David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez. Ambos están acusados de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, dentro de una causa que, de momento, queda en suspenso por la nueva inmunidad judicial del dirigente extremeño.
Un fraude como una catedral
La respuesta del Partido Popular ha sido fulminante. La vicesecretaria de Organización Territorial del partido, Carmen Fúnez, ha calificado la maniobra de “fraude como una catedral”, acusando directamente al PSOE y al propio Pedro Sánchez de diseñar una “estrategia de blindaje” para escapar del escrutinio judicial.
“Nunca en España se había visto algo así”, ha declarado Fúnez en Segovia. “No es solo un escándalo legal, es un insulto a los ciudadanos y una burla al funcionamiento democrático de nuestras instituciones”. Para la dirigente popular, el movimiento encaja en lo que define como “la estrategia del búnker de Pedro Sánchez, que utiliza Moncloa para proteger a su círculo familiar y político”.
Vox recurrirá ante la Junta Electoral de Extremadura
En paralelo, Vox ha anunciado que llevará el caso ante la Junta Electoral. Jorge Buxadé, jefe de la delegación del partido en Bruselas y coordinador jurídico nacional, ha denunciado desde las puertas del Tribunal Supremo que la maniobra del PSOE representa “un fraude de ley, un abuso de derecho y un atentado a la democracia”.
Según Buxadé, el aforamiento de Gallardo ha sido posible tras forzar la renuncia de cinco candidatos socialistas que le precedían en la lista electoral. “Han maniobrado para alterar la voluntad de los votantes y proteger a uno de los suyos”, ha afirmado con rotundidad.
Red de corrupción y control político
El dirigente de Vox no se ha limitado al caso Gallardo. En su intervención ha señalado una presunta “red de corrupción política, económica y mediática” que, según él, el Gobierno estaría tejiendo para “blindarse ante cualquier investigación judicial”. Ha exigido al Partido Popular “romper toda negociación con el PSOE” y evitar “concederles ni un segundo, ni un milímetro de margen político”.
En ese marco, Buxadé ha mostrado su apoyo explícito a la protesta convocada por jueces y fiscales para el mes de junio, en rechazo a las reformas legales que, según los convocantes, amenazan la independencia del poder judicial. “No es una huelga corporativa, es una defensa de nuestras libertades”, ha zanjado.
Un nuevo terremoto político en clave nacional
La ofensiva judicial y política contra miembros del entorno más próximo al presidente del Gobierno se intensifica. La imputación de su hermano, el procesamiento de altos cargos vinculados al PSOE y la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, configuran un panorama inédito en la reciente historia democrática española.
“Pedro Sánchez pasará a la historia, pero no como él esperaba”, ha ironizado Carmen Fúnez. En palabras de la dirigente popular, “el sanchismo ha mutado en una estrategia de poder orientada a protegerse de la corrupción que le rodea”.
Mientras tanto, Extremadura, una región acostumbrada a estar alejada de los focos mediáticos, se convierte —por unas horas— en epicentro de un escándalo que amenaza con desgastar aún más la imagen del Ejecutivo central y reavivar los debates sobre aforamientos, transparencia institucional y separación de poderes. Ya se están haciendo públicas algunas encuestas en las que el PSOE baja varios puntos e n relación al PP en la región extremeña.
