Una maniobra bajo sospecha
R. DEx, Badajoz, 9 de junio de 2025.- El caso que salpica al secretario general del PSOE extremeño y diputado autonómico Miguel Ángel Gallardo toma un nuevo cariz judicial. La jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ante los indicios de un posible fraude de ley en su repentina entrada a la Asamblea. La maniobra, según la magistrada, habría tenido como único fin obtener el aforamiento y así dilatar o alterar la causa por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
Un plan “preconcebido” para blindar a Gallardo
La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, no se anda con rodeos: en su exposición razonada remitida al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, detalla lo que considera una operación orquestada para otorgar a Gallardo el estatus de aforado. Lo que comenzó como una serie de renuncias encadenadas en la lista electoral socialista terminó, en apenas tres días, con Gallardo ocupando su escaño y protegido por la prerrogativa judicial.
La clave, explica Biedma, reside en la simultaneidad y finalidad de las renuncias: cinco personas dejaron su puesto «de forma exprés y conjunta», con un notario desplazado a la sede del PSOE en Mérida para recoger las firmas de dimisión. Tres de esos candidatos ni siquiera residían en la capital autonómica. A juicio de la jueza, este acto evidencia «un plan previamente concebido y organizado».
¿Fraude procesal y abuso de derecho?
La jueza no se detiene en lo formal: apunta directamente a un posible abuso de derecho y fraude de ley, al amparo del artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según recuerda en su escrito, los aforamientos no deben proteger a las personas, sino las funciones del cargo público que ostentan.
“El aforamiento repentino de Gallardo —sostiene Biedma— no sólo atenta contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, sino que causará inevitablemente dilaciones en la tramitación de la causa”. La gravedad de este movimiento, recalca, se enmarca dentro de un patrón de conducta ya investigado en el procedimiento: usar formalismos legales para obtener beneficios personales o proteger a terceros.
Reacciones políticas: “La Rosa Nostra”
El Partido Popular ha reaccionado con dureza ante las revelaciones de la jueza. Su portavoz regional, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a Gallardo y al PSOE de participar en una “operación encubierta” para blindarse judicialmente. “Esto es un episodio más de la trama ‘Salvar al hermanísimo’”, afirmó en rueda de prensa, en alusión al caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Sánchez Juliá ha denunciado que la maniobra de Gallardo busca proteger tanto al líder regional del PSOE como al entorno del presidente Pedro Sánchez. “Primero intentaron apartar a la jueza, y al no conseguirlo, usaron el comodín del aforamiento exprés”, sentenció. También tildó la jugada de «bochornosa», criticando la abstención del propio Gallardo en la reciente votación sobre la eliminación de los aforamientos.
Sombra sobre las instituciones
El caso va más allá de los pasillos judiciales. El portavoz del PP ha criticado que “se utilicen las instituciones públicas como escudos personales”, algo que a su juicio “degrada la democracia y mancha la imagen de Extremadura”.
Además, el foco se extiende ahora al Ayuntamiento de Mérida, donde el alcalde socialista Antonio Rodríguez Osuna enfrenta una denuncia por presuntas construcciones ilegales vinculadas a su entorno familiar. “No se trata de un caso aislado, sino de un estilo de hacer política”, ha recalcado Sánchez Juliá.
La justicia, puesta a prueba
La exposición razonada de la jueza Biedma abre un nuevo capítulo en una causa que mezcla política, privilegios institucionales y sospechas de corrupción. Si el TSJEx asume el caso, se abre la posibilidad de un proceso judicial con mayores implicaciones tanto para el PSOE extremeño como para el equilibrio institucional de la región.
Con una ciudadanía cada vez más crítica con los privilegios parlamentarios y una oposición encendida, la pregunta que queda en el aire es clara: ¿será este caso un punto de inflexión para repensar el uso del aforamiento en España? La respuesta, esta vez, está en manos del poder judicial.
