El grupo municipal socialista ultima un dossier con actas, informes y expedientes relacionados con la operación urbanística, en la que estarían implicados terrenos propiedad de una empresa vinculada a la familia del concejal Tirso Leal. La portavoz Belén Fernández considera los hechos «extremadamente graves».
R. DEx, Cáceres, 25 de junio de 2025.- El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que está recopilando toda la documentación relativa a la ampliación de suelo industrial del polígono de Capellanías para ponerla en manos de la Fiscalía, ante la sospecha de un posible conflicto de intereses que salpica directamente al concejal de Urbanismo, Tirso Leal.
La portavoz socialista, Belén Fernández, ha confirmado que se están reuniendo actas de comisiones, informes técnicos y expedientes administrativos para elaborar un dossier que detalle los pasos dados por el consistorio en esta operación urbanística. La preocupación principal radica en que parte de los terrenos implicados en la ampliación pertenecen a una empresa familiar en la que tiene participación la esposa del concejal.
Vinculación familiar y empresarial
Según explicó Fernández, los terrenos que el Ayuntamiento baraja adquirir mediante compra, permuta o expropiación, son propiedad de una sociedad cuyo administrador único es el cuñado de Leal, y en la que su mujer figura como socia. Además, el edil comparte participación con él en otra empresa, lo que refuerza, según el PSOE, la posible existencia de intereses cruzados en la toma de decisiones municipales.
«Estamos ante unos hechos extremadamente graves», subrayó Fernández, quien ya el pasado 6 de junio solicitó públicamente el cese inmediato del concejal. Ante la inacción del alcalde y del equipo de Gobierno, el grupo socialista ha optado por preparar el expediente para trasladarlo al Ministerio Fiscal.
“Si no se actúa desde dentro, lo hará la Justicia”
Desde las filas socialistas lamentan la falta de respuesta institucional ante lo que consideran una situación incompatible con la ética pública. “Si no se actúa desde dentro, lo hará la Justicia”, ha advertido Fernández, que insiste en que no se cuestiona la necesidad de ampliar el polígono industrial, sino el procedimiento seguido y las personas que podrían beneficiarse directa o indirectamente de esa operación.
