Una red de influencias para lucrar al despacho que fundó”
El juez de Tarragona levanta el secreto de sumario de un caso que investiga a 28 personas físicas y 6 empresas por cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios
R.DEx, Tarragona, 16 de julio de 2025.- Siete años después de abrirse diligencias, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha sacudido el tablero político y empresarial al imputar al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) por supuestamente haber modificado leyes en beneficio de empresas gasísticas a través de su antiguo despacho de abogados, Equipo Económico (EE). El juez ha ordenado el levantamiento del secreto de sumario y ha notificado la condición de investigados a Montoro y a una treintena de altos cargos del Gobierno y la Administración Central.
La causa implica a 28 personas físicas y 6 jurídicas, acusadas de la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Según la resolución judicial, los implicados habrían creado una “red de influencias” cuyo objetivo final era obtener beneficios económicos para el bufete fundado por Montoro antes de entrar en el Ejecutivo.
Reformas legales “a la carta”
El auto detalla cómo el uso de las potestades ministeriales habría permitido a Equipo Económico (EE) ofrecer a sus clientes reformas normativas “a la carta” que favorecieran sus intereses “en menoscabo del sector público”.
El juez destaca la presunta intencionalidad de aprobar modificaciones ad hoc que beneficiaron exclusivamente a un reducido grupo de empresas gasísticas —integradas en la asociación AFGIM (Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos)— dejando fuera a otros sectores igualmente afectados por los elevados costes eléctricos.
Más preocupante aún es la revelación de que fueron las propias empresas las que habrían redactado los borradores de las normas y reglamentos, en un proceso que el juez califica como una “externalización indebida” de potestades normativas en la fase pre legislativa.
El despacho en el epicentro
La investigación sugiere que el exministro, “presuntamente, hizo uso de sus competencias para asegurar una ganancia directa al despacho EE”, según el magistrado. Esto situaría al bufete en el epicentro de una trama de corrupción institucional, donde la frontera entre lo público y lo privado se habría diluido peligrosamente.
El levantamiento del secreto de sumario permite ahora conocer los nombres de otros ex altos cargos investigados, que desempeñaron funciones clave durante el periodo en cuestión, y que habrían actuado como nexos entre la Administración y los intereses privados.
Siete años de sombras y un futuro incierto
La causa, abierta en 2018, permaneció bajo secreto hasta esta semana. Los próximos meses se prevén decisivos para aclarar si las acusaciones se sostienen o si, como defienden las defensas, se trata de un “constructo artificial sin base jurídica”.
Por el momento, la Audiencia Nacional estudia si el caso debe permanecer en el juzgado tarraconense o elevarse a instancias superiores dada la dimensión estatal de los hechos y la entidad de los investigados.
LUPA DEX
¿Qué significa realmente este caso para la política y la justicia española?
- Un precedente incómodo: nunca antes un exministro de Hacienda había sido imputado por corrupción relacionada con iniciativas legislativas.
- El papel de los lobbies: el caso evidencia los riesgos de la puerta giratoria y la influencia de los intereses privados en la elaboración de leyes.
- Posibles efectos colaterales: si se confirman las acusaciones, se abriría la puerta a la revisión de las leyes aprobadas en ese periodo y a demandas millonarias de sectores afectados.
