Álvaro García Ortiz será el primer jefe del Ministerio Público en afrontar un proceso penal en democracia. La sombra de la filtración del correo vinculado a la pareja de Ayuso lo coloca al borde del precipicio institucional.
R. DEx, Madrid, 9 de septiembre de 2025.- El magistrado Ángel Hurtado ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La resolución, firme y sin posibilidad de recurso, convierte en oficial lo que hasta ahora era un secreto a voces: el máximo responsable del Ministerio Público se sentará en el banquillo, acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo rechaza apartarle cautelarmente del cargo, pero le impone una fianza de 150.000 euros para responder a posibles responsabilidades económicas en caso de condena.
El correo de la discordia
El origen del proceso se remonta a febrero de 2024, cuando el abogado de Alberto González Amador remitió a la Fiscalía un correo en el que reconocía dos delitos fiscales y proponía un pacto para evitar la prisión. Ese mensaje, reservado y amparado por protocolos de confidencialidad, acabó en manos de los medios.
Durante ocho meses de instrucción no se ha hallado prueba directa que incrimine a García Ortiz, aunque el juez Hurtado sostiene que existen indicios suficientes para enjuiciarle. La eliminación del contenido del móvil del fiscal general ha alimentado las sospechas.
Un juicio sin precedentes
El fiscal general podría enfrentarse a hasta seis años de cárcel e inhabilitación. Nunca antes en la reciente historia democrática un jefe del Ministerio Público había llegado tan lejos en un proceso judicial.
El tribunal que lo juzgará estará integrado por siete magistrados de la Sala Penal del Supremo, entre ellos Manuel Marchena y Susana Polo, que ya intervinieron en la admisión de la causa. La vista oral será, previsiblemente, un terremoto institucional.
La reputación de la Fiscalía, en entredicho
El auto de Hurtado reprocha a García Ortiz no solo la supuesta revelación, sino el daño a la credibilidad de la institución. «Pone en cuestión el prestigio del Ministerio Fiscal», sostiene el juez, alertando del menoscabo a principios esenciales como la imparcialidad y la legalidad.
LUPA DEx | Cuando la toga se mancha
El juicio al fiscal general no es solo un caso más en la agenda judicial: es un símbolo del desgaste institucional que vive España. La Fiscalía, llamada a ser garante de legalidad, se ve envuelta en una trama de filtraciones, móviles borrados y sospechas políticas.
Que el máximo responsable del Ministerio Público deba defenderse como acusado erosiona la confianza ciudadana en la justicia y abre la puerta a una lectura cínica: los guardianes del secreto pueden convertirse en sus verdugos. Y mientras tanto, la política aplaude o calla según convenga.
