Las negociaciones entre la Junta y las empresas de transporte siguen bloqueadas, mientras los padres se organizan como pueden para llevar a sus hijos a los centros.
223 rutas paralizadas
R. DEx Mérida, 16 de septiembre de 2025.- El conflicto abierto entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte escolar mantiene desde el inicio de curso —el pasado jueves— sin servicio a 223 rutas en toda la región. Esto supone que unos 5.000 alumnos, principalmente de entornos rurales y centros de educación especial, no pueden acudir en autobús a clase.
Ante la falta de soluciones, son las familias las que se han echado a la carretera. Muchos padres están trasladando en sus propios coches a los estudiantes y comienzan a organizar turnos para compartir vehículos y gastos.
A ello se suma la comunicación enviada a través de la plataforma Rayuela, en la que la Consejería de Educación informó de la puesta en marcha de un sistema de “enseñanza híbrida” —presencial y online— hasta que se resuelva la crisis.
Negociación encallada
La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, lamentó la “nula voluntad de acuerdo” por parte de las empresas, a las que acusa de bloquear la situación con exigencias que la Junta considera ilegales.
“Todo lo que legalmente se permite se han comprometido a aceptarlo, pero ningún gobierno puede firmar compromisos contrarios a la ley”, subrayó Vaquera.
La Junta asegura haber agotado “todas las vías posibles” y advierte de que las compañías podrían enfrentarse a sanciones, aún por concretar.
Un servicio esencial para el medio rural
La Consejería insiste en que el transporte escolar es un servicio “fundamental para el medio rural” y ha hecho un llamamiento a las empresas para que “empaticen con el malestar de las familias”.
Mientras tanto, el Consejo de Gobierno aprobará una ayuda de 0,26 euros por kilómetro a cada alumno afectado, con el fin de compensar parcialmente el sobrecoste que asumen los padres.
Lupa DEx
El pulso entre la Junta y las empresas de transporte deja en medio a quienes menos culpa tienen: los alumnos y sus familias. La solución improvisada de las clases híbridas apenas maquilla un problema de fondo que se repite con demasiada frecuencia: la fragilidad de los servicios básicos en el medio rural.
La educación no puede depender de turnos de padres al volante ni de parches económicos de última hora. El transporte escolar es un derecho asociado a la igualdad de oportunidades, y cada día de retraso ensancha la brecha entre quienes viven en la ciudad y quienes resisten en los pueblos.
