Redacción DEx, Mérida, 28 de noviembre de 2025.- La Junta de Extremadura liberará alrededor de 68 millones de euros para aplicar la subida salarial pactada a nivel nacional entre el Gobierno y los sindicatos, un incremento que beneficiará a unos 50.000 empleados públicos de la región. El anuncio no cae en saco roto: llega en un clima en el que la Administración autonómica intenta equilibrar el discurso de estabilidad presupuestaria con el malestar creciente de un sector público que lleva años reclamando actualización salarial real.
La Junta aplicará sin modificaciones el acuerdo estatal: incremento del 2% con carácter retroactivo desde enero, y un posible 0,5% adicional si se cumplen los parámetros de inflación. Cuentas rápidas: el montante regional se dispara, sí, pero mantiene a Extremadura en la senda del resto de autonomías.
La foto oficial habla de compromiso, de proteger el poder adquisitivo y de reconocer el esfuerzo de los trabajadores públicos, teniendo en cuenta que:
- El aumento llega tras un trienio marcado por la inflación, que ha erosionado notablemente los sueldos, especialmente en los estratos más bajos.
- Fuentes sindicales consultadas señalan que “no es una subida, es una reparación”, recordando que la pérdida de poder adquisitivo supera el 10% desde 2021.
- La Junta, por su parte, defiende que se trata de “una obligación de justicia con el personal que sostiene los servicios esenciales”.
50.000 empleados: quiénes son y qué supone
La subida afectará a:
- Funcionarios de la Administración General
- Docentes
- Personal sanitario
- Laborales y estatutarios
- Personal del SES y del SEPAD
- Cuerpos de seguridad autonómicos y operarios de servicios públicos
Para un trabajador tipo con retribuciones medias, el incremento puede traducirse en entre 450 y 750 euros brutos acumulados por la retroactividad del año. Para colectivos como docentes o sanitarios, la cifra puede ser sensiblemente superior.
Lupa DEx
¿ Hay margen real ?
Aquí viene lo delicado. El Ejecutivo extremeño está atado por:
- El techado de gasto estatal
- La necesidad de sostener inversiones en digitalización, infraestructuras y servicios sociales
- La sombra de la regla fiscal que regresará en 2025
Los 68 millones no descabalgan el presupuesto, pero sí obligan a jugar fino. Una fuente interna del área económica lo resume así:
“El acuerdo está firmado, hay que cumplirlo. Pero cada punto salarial es un punto que no va a otras políticas”.
Aun así, la Junta confía en absorber la subida sin recortes adicionales. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que “Extremadura no puede competir en salarios privados, así que el empleo público es también un motor económico en la región”.
La reacción sindical
UGT, CCOO y CSIF han celebrado la aplicación del acuerdo, pero mantienen el tono reivindicativo:
- Reclaman negociar la jornada de 35 horas reales.
- Insisten en recuperar el poder adquisitivo perdido.
- Piden abordar de una vez la estabilización pendiente de cientos de interinos.
El clima, por tanto, es de satisfacción contenida. Más de uno lo resume así: “Bien… pero llegamos tarde”.
Y ahora, ¿qué?
La Junta tendrá que ejecutar los pagos en las próximas nóminas, previsiblemente en diciembre o enero, incluyendo los atrasos del año.
Pero la verdadera batalla será la negociación de 2026, donde sindicatos y Gobierno autonómico medirán fuerzas en torno a la jornada, complementos específicos y mejoras estructurales del SES y de Educación.
Extremadura se juega mucho más que una subida del 2%. Se juega mantener su Administración a flote en un contexto donde el talento se fuga y donde la estabilidad del sector público es, todavía, el principal ancla económica de miles de familias.
