Redacción DEx, Cáceres, 27 de enero de 2026.
La comunidad de Cuartos del Baño carga contra el alcalde de Cáceres Rafael Mateos por “contradicciones graves” y “dilaciones injustificadas” mientras siguen aislados cada vez que crece el Salor
La Comunidad de Propietarios del paraje Cuartos del Baño ha desmentido de manera contundente las declaraciones del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos realizadas este pasado lunes indicando, entre otros considerandos, que la ejecución del camino » obligaría a demoler una vivienda, atravesar una charca, sortear tres manantiales y eliminar más de un centenar de encinas «, además de que » ya se está redactando un proyecto técnico que será remitido a la CHT para solicitar la autorización necesaria«.
Por ello, la Comunidad vecinal exige el cumplimiento inmediato de la sentencia judicial firme que obliga al Ayuntamiento a recuperar y conservar el histórico Camino de Montealmeida. Los vecinos denuncian “años de excusas”, “argumentos sin soporte técnico” y una situación de aislamiento recurrente que califican de “insostenible”.
El puente “no necesita rehabilitación”: riesgo de dañar una infraestructura histórica
Los vecinos rechazan de plano la afirmación del alcalde de que el actual puente sobre el Salor requiere rehabilitación. Según remarcan, ni el Ayuntamiento cuenta con estudios que avalen esa intervención ni existe recomendación técnica alguna que sugiera manipular una estructura que “podría incluso desaparecer” si se interviene sin rigor.
Un puente nuevo: “una fantasía sin presupuesto, sin plazos y sin respaldo”
La Comunidad lamenta que la construcción de un puente nuevo se haya presentado como una posibilidad real cuando, aseguran, no existe proyecto, ni memoria económica, ni plan de obra, y su tramitación ambiental alargaría cualquier solución “a años vista”.
“Es una ficción administrativa que no resuelve nada”, critican.
La respuesta vecinal es tajante: ni la existencia de una vivienda que impediría el paso, ni la supuesta charca, ni los tres manantiales, ni la tala de más de 100 encinas aparecen reflejados en ningún documento técnico oficial.
Al contrario: La Memoria Técnica municipal de octubre de 2024 fija un presupuesto de 44.000 euros para la mejora del Camino Montealmeida mediante operaciones rutinarias de mantenimiento: resanteo, compactación, cunetas y bacheo. Nada más. Nada de lo expuesto por el alcalde.
Además, recuerdan que las 10 fotografías de la Patrulla Verde incorporadas al expediente no muestran ninguno de esos obstáculos.
El 24 de noviembre pasado entraron máquinas “por orden del Ayuntamiento”: ahora dicen lo contrario
Los propietarios subrayan un hecho clave: El 24 de noviembre de 2025, maquinaria municipal accedió a la zona para mejorar el camino siguiendo órdenes del propio Ayuntamiento. En aquel momento, existían los mismos informes técnicos que hoy. Nadie habló de charcas, manantiales o encinas. Para los vecinos, esto demuestra una contradicción flagrante en el discurso municipal.
La sentencia firme 156/2022 sigue sin cumplirse tras más de tres años
La sentencia del 12 de diciembre de 2022 obliga al Ayuntamiento a:
- Tasar el bien.
- Incluir el camino en el inventario municipal.
- Adoptar medidas para conservar y garantizar el uso del Camino de Montealmeida.
Nada de esto se ha ejecutado, denuncian los propietarios, generando una inejecución prolongada y, por tanto, una vulneración del derecho vecinal.
Sin deslinde no hay excusas: “El Ayuntamiento nunca lo ha hecho”
La Comunidad recuerda que el deslinde del camino público jamás se ha realizado, a pesar de ser obligación exclusiva del Ayuntamiento.
Sin este procedimiento, “no puede hablarse con rigor de obstáculos ni afecciones”.
El resto, señalan, son suposiciones y una larga cadena de dilaciones injustificadas.
LUPA DEx
Tres datos clave que desmontan la versión municipal
- No existe informe técnico que avale los argumentos esgrimidos por el alcalde.
- La propia maquinaria municipal actuó sobre el camino hace dos meses sin mencionar impedimentos.
- La sentencia 156/2022 es firme y su ejecución no es opcional: es legalmente obligatoria.
Conclusión:
La reivindicación vecinal está jurídicamente blindada. Lo que falta —y lo que exigen— es voluntad política y cumplimiento estricto de la ley.
La Comunidad de Propietarios reclama que el Ayuntamiento cese las declaraciones “sin soporte técnico ni legal” y proceda de inmediato a ejecutar la sentencia. “La situación de aislamiento no admite más retrasos”, advierten.
Cada crecida del Salor vuelve a incomunicarles, y consideran que se ha superado el límite de la paciencia vecinal.
