Digital Extremadura | Redacción DEx
Cáceres, 6 de noviembre de 2026.
La investigación judicial sobre la denominada trama Leire incorpora un nuevo episodio de especial gravedad. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo el próximo 24 de noviembre a Cintia Rocho, mujer vinculada presuntamente al conocido clan pacense de Los Rocho, después de que esta asegurara ante la Guardia Civil que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le había planteado «eliminar» a Beatriz Biedma, magistrada encargada de investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La comparecencia tendrá lugar a las 10:15 horas, apenas cinco días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un momento de especial tensión política y judicial.
Una declaración que puede esclarecer las presuntas amenazas
Según el testimonio que Cintia Rocho prestó ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Sáenz de Tejada habría contactado con ella a través de un perfil de redes sociales para trasladarle su animadversión hacia la magistrada pacense.
De acuerdo con esa declaración, el exjuez habría manifestado que Biedma constituía un obstáculo que debía ser eliminado. La testigo sostuvo que aquella propuesta implicaba causarle daño físico y aseguró que la rechazó.
Se trata, por el momento, de acusaciones cuya veracidad deberá determinar la investigación judicial. Sáenz de Tejada negó los hechos cuando compareció como investigado ante el juez Pedraz el pasado 28 de octubre.
La conexión extremeña de una investigación nacional
El episodio adquiere particular relevancia en Extremadura porque Beatriz Biedma fue la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que dirigió las pesquisas relacionadas con la contratación de David Sánchez en la Diputación Provincial.
La investigación sobre las presuntas maniobras contra la jueza forma parte de una causa más amplia en la que se examinan posibles actuaciones destinadas a desacreditar o entorpecer procedimientos judiciales que afectan a dirigentes socialistas, al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
En este contexto aparece la figura de Leire Díez, exmilitante socialista investigada por su presunta participación en una red de actuaciones dirigidas contra determinadas investigaciones judiciales.
Pedraz ordena nuevas diligencias
La providencia dictada este viernes no se limita a la citación de Cintia Rocho.
El magistrado también ha solicitado documentación relativa a los intentos de Sáenz de Tejada de personarse en el procedimiento seguido contra David Sánchez y a sus actuaciones para recusar a la magistrada Biedma.
Asimismo, ha reclamado información policial destinada a identificar al titular de un perfil de Facebook que habría sido utilizado para contactar con la testigo.
Estas diligencias pretenden aclarar si existió realmente una propuesta de agresión contra la jueza, quién pudo realizarla y si guarda relación con las actividades investigadas en el denominado caso Leire.
La jueza denunció seguimientos y un clima de intimidación
Beatriz Biedma ya había relatado ante la Audiencia Nacional la angustia que experimentó durante la instrucción del procedimiento relacionado con el hermano del presidente.
La magistrada aseguró que tanto ella como sus hijas habían sufrido seguimientos y vigilancias, circunstancias que contribuyeron a generar un sentimiento de inseguridad durante el ejercicio de sus funciones judiciales.
La nueva declaración de Cintia Rocho podría ayudar a esclarecer el alcance de las presuntas intimidaciones.
Una cita judicial en plena campaña electoral
La fecha elegida para la comparecencia añade una dimensión política a una investigación que debe desarrollarse con plena independencia de los intereses electorales.
El próximo 24 de noviembre, cuando resten cinco días para acudir a las urnas, la Audiencia Nacional escuchará un testimonio relacionado con una de las acusaciones más graves surgidas alrededor del denominado caso Leire.
Más allá de la confrontación partidista, lo que está en juego es determinar si una magistrada pudo ser objeto de amenazas o de maniobras de intimidación mientras ejercía su responsabilidad de investigar un asunto de interés público.
La presunción de inocencia de los investigados y la protección de la independencia judicial deberán presidir el esclarecimiento de unos hechos cuya gravedad exige respuestas sustentadas en pruebas.
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