Por Paco de Borja | Con Criterio, DEx, 11 de noviembre de 2026.
En España, este tipo de huelgas generales, y ya van varias desde que se instauró la democracia, sirven para comprobar que cada cual tiene su propia calculadora, su pancarta y su verdad de bolsillo. Este 11 de noviembre no ha sido una excepción. Los sindicatos hablan de éxito, los empresarios de fracaso y los ciudadanos siguen preguntándose cómo demonios se paga un alquiler sin hipotecar también los sueños.
En Extremadura, el disparate estadístico resulta casi literario: un 40% de seguimiento según los sindicatos frente al 1,5% de la patronal. Entre ambas cifras cabe una novela de ciencia ficción, tres tertulias televisivas y algún economista buscando la salida de emergencia.
Pero no nos engañemos. Una huelga no es justa porque la convoquen los sindicatos, ni injusta porque incomode a los empresarios. Su legitimidad nace de los derechos que defiende, y su eficacia debería medirse por las soluciones que consigue.
Y motivos para protestar, haberlos, haylos. Salarios que se quedan sin aliento antes de finalizar el mes, jóvenes que necesitan dos nóminas y un milagro para independizarse, viviendas convertidas en objetos de especulación y unos servicios públicos cuya calidad no siempre acompaña a la grandilocuencia de los discursos oficiales.
Lo preocupante comienza cuando esas reivindicaciones, tan reales como necesarias, terminan atrapadas en la maquinaria de la confrontación política.
Porque este 11N llega a las puertas de unas elecciones generales. Una coincidencia que no demuestra intencionalidad partidista, pero que alimenta sospechas y proporciona munición a quienes prefieren discutir sobre las pancartas antes que sobre los problemas.
La independencia sindical no consiste solamente en proclamarse independiente. Consiste en ejercerla, gobierne quien gobierne, sin complacencias, silencios selectivos ni fidelidades de conveniencia. Exactamente la misma independencia que cabría exigir a las organizaciones empresariales.
Y, ojo, algo muy sarcástico, por ser suave y por si faltaba algún ingrediente para el esperpento, María Jesús Montero aseguró que esta huelga general se convocaba «contra la oposición». Sic. Una afirmación tan insólita que merecería figurar en un manual de surrealismo político. Porque, que uno sepa, quienes gobiernan son los responsables de gestionar, aunque la oposición también tenga responsabilidades legislativas. Convertir una huelga general en un instrumento contra quienes todavía no gobiernan resulta, cuando menos, una pirueta dialéctica de difícil digestión. Y si de verdad queremos defender a los trabajadores, convendría empezar por no confundir sus reivindicaciones con los intereses electorales de nadie.
Tampoco resulta aceptable confundir el derecho a la huelga con el derecho a impedir trabajar a quien libremente decide hacerlo. Los piquetes informativos son legítimos; la coacción, no. Y el mismo criterio debe aplicarse a las fuerzas de seguridad: garantizar derechos no significa restringirlos arbitrariamente. Las denuncias de actuaciones policiales desproporcionadas merecen una investigación rigurosa, no sentencias improvisadas.
La libertad no cambia de significado según quién lleve la pancarta o quién vista el uniforme.
Y luego está Extremadura. Nuestra Extremadura, donde la precariedad no necesita convocatoria sindical para presentarse cada mañana al trabajo. Aquí sabemos de salarios modestos, oportunidades que emigran y pueblos que envejecen mientras sus jóvenes buscan futuro lejos de casa.
Desconozco qué frutos dará esta jornada. Pero mañana volverán a abrir las inmobiliarias, las nóminas seguirán siendo las que son y miles de familias continuarán haciendo números para llegar a diciembre.
El verdadero fracaso no sería que una huelga tuviera poco seguimiento. Sería que sus reivindicaciones fueran legítimas y, pese a todo, nadie se sintiera obligado a resolverlas.
Quizá el problema de España no sea que protestemos demasiado, sino que llevamos demasiado tiempo confundiendo el ruido con las respuestas. Y mientras unos cuentan huelguistas, otros cuentan votos.
Los ciudadanos, sencillamente, seguimos contando euros.
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