El Gobierno de Extremadura ha manifestado que no tolerará ningún tipo de extorsión hacia los órganos de decisión o los trabajadores de Caja Rural de Extremadura.
El Ejecutivo regional ha
ratificado la defensa de los intereses legítimos de la entidad y rechazará
contundentemente cualquier acción indiscriminada que ponga en riesgo la
independencia de su gestión, así como la libertad de decisión de sus
responsables.
Ante los
graves acontecimientos e irregularidades que han sido denunciados por los
propios trabajadores en el seno del comité de empresa de la entidad, el
Gobierno de Extremadura se reserva todos los derechos de actuación encaminados
a resolver, de una vez por todas, esta “lamentable” situación.
Entre las
actuaciones, el Gobierno de Extremadura está considerando la posibilidad de
poner en conocimiento del Ministerio Fiscal todas y cada una de las
irregularidades acaecidas, de las que tiene pleno conocimiento.
Reviste
especial gravedad que muchas de las amenazas sobre los trabajadores de la
entidad extremeña están siendo auspiciadas por una persona cuya pertenencia a
Caja Rural de Extremadura no consta al Gobierno de Extremadura, prueba de ello
es que no figura en el registro de altos cargos de la Consejería de Economía y
Hacienda.
El Gobierno
extremeño ha reiterado su voluntad de velar por la independencia de los
procesos que se desarrollen en la entidad, y reafirma su intención de
protegerla de aquellos que sólo persiguen entorpecer y alterar la libre
decisión dentro de Caja Rural de Extremadura. El Ejecutivo ha recordado que
estas anomalías están causando un importante daño a la imagen de la entidad
ante toda la sociedad extremeña.
