La diputada regional, Gema Cortés, recuerda que ya avisó al PSOE de que con su irresponsabilidad en la gestión de los desahucios este tipo de situaciones se podrían producir
La
diputada del PP en la Asamblea de Extremadura, Gema Cortés, ha lamentado esta
mañana la ocupación ilegal de una vivienda de promoción pública en la localidad
pacense de Almendralejo, una acción fuera de la normalidad que ahora deja en la
calle a una familia con necesidades urgentes, que ha seguido los cauces legales
para ser adjudicataria de pleno derecho de una residencia digna.
El caso ocurrido en Almendralejo afecta a una vivienda, que había sido
recuperada por el Gobierno de Extremadura, para entregarla nuevamente a
personas que la necesitan. Actualmente hay 140 familias que han solicitado
legalmente una vivienda y que llevan 10 meses esperándola, para mejorar sus
condiciones de vida, unas viviendas de las que 21 iban a volver a ser
adjudicadas por el GobEx a familias necesitadas, que ahora sólo podrá dar 20,
tras sufrir una de esas casas una ocupación ilegal.
Así, la diputada por Badajoz, Gema Cortés, ha querido subrayar
como el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, ya alertó de que este tipo
de situaciones se podían producir, ante la propuesta de impulso, aprobada por
PSOE e IU, en la que se instaba al
Gobierno regional a no cumplir la ley y a no poder llevar a cabo ningún
desahucio sea cual sea el motivo que inició el expediente, ya fuera ocupación
ilegal, actividades ilícitas, no ocupación o falta de pago.
Gema Cortes ha hecho estas declaraciones a los medios, tras
acompañar al director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano, y
al alcalde de la Almendralejo, José García Lobato, en un encuentro con los
vecinos afectados, para escucharlos y para que tuvieran la oportunidad de hacer
llegar sus dificultades e inquietudes cara a cara a sus representantes
políticos.
Una acción de estar cerca de los vecinos a la que el PP ha
invitado a sumarse al resto de grupos parlamentarios que aprobaron esa
propuesta de impulso, para que no se reúnan sólo con los desahuciados, que
también necesitan el apoyo de las instituciones y a los que el PP también ha
escuchado, sino para que además que escuchen a estos vecinos, que hoy ven como
no pueden entrar en sus viviendas, porque seguro les hará conocer la realidad
desde otro punto de vista.
Por eso, Cortés ha dicho que esta irresponsabilidad política sin
medir las consecuencias reales, más allá de un titular populista en la prensa,
obliga ahora a que una familia, que ha sido respetuosa con los procedimientos
establecidos, se vea indefensa y sin poder acceder, como es su derecho, a una
vivienda digna que llevan cerca de un año esperando, una familia a la que, la
diputada del PP, ha dicho que deben dar explicaciones los promotores de tal
propuesta en la Asamblea.
DESCONTROL
Además, Gema Cortés ha recordado que existía un absoluto
descontrol del parque inmobiliario de la Junta de Extremadura, de más de 15.000
viviendas, y una pésima gestión con impagos en recibos de alquiler de más de 20
años, haciendo una absoluta dejación de funciones por parte de los anteriores
gobiernos en cuestiones como el control de las conductas asociales de las
barriadas.
Por estos motivos, ha indicado Cortés, el actual Gobierno de
Extremadura, a través de la Consejería de Fomento, está cumpliendo la Ley y
está haciendo cumplir la Ley, llevando a cabo un trabajo serio y riguroso para
gestionar las viviendas sociales en las que los desahucios se han llevado a
cabo bajo informes previos que elabora la Comisión Técnica de Servicios Sociales,
hasta la propia autorización judicial para ejecutar los lanzamientos. Lo que ha
permitido proceder a desahucios judicialmente autorizados, por criterios
racionales, criterios sociales, pero, sobre todo, criterios legales y ajustados
a derecho.
Gema Cortés ha concluido que la
irresponsabilidad de unos está ahora dejando en la calle a familias
necesitadas, y que el GobEx tiene como único objetivo, con las medidas puestas
en marcha, la normalización de las barriadas que se han visto perjudicadas por
las conductas asociales de algunos inquilinos, que no han cumplido con las
normas que se establecen en los contratos de arrendamiento de las Viviendas de
Promoción Pública.
Así, ha cerrado su intervención señalando que el PP, tanto en la Asamblea de
Extremadura como en el seno del Ejecutivo regional, seguirá trabajando de forma
decidida y sin vacilaciones para que todas las personas que viven en
situaciones de especial dificultad, puedan contar con una vivienda social, ya
que las propiedades que está recuperando el Gobierno de Extremadura, están siendo
nuevamente adjudicadas a personas probadas con urgente y extrema necesidad.
