La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo considera una irresponsabilidad que el PSOE acuse al Gobierno de Extremadura de “tomar el pelo” a los cacereños con El Junquillo, cuando fue el anterior Ejecutivo autonómico socialista el que realizó una gestión deficiente de la urbanización, acumulando desde 2008 deudas con distintas instituciones y empresas por importe de 3,6 millones de euros.
De la deuda total, dos millones eran con una constructora y 1,6 millones con distintos propietarios del suelo, entre ellos el Ayuntamiento de Cáceres.
El Gobierno de Extremadura está teniendo que realizar un importante esfuerzo desde hace tres años para pagar poco a poco las deudas provocadas por esta mala gestión socialista en El Junquillo. Por ello considera que quien quiere tomar realmente el pelo a la ciudad de Cáceres es el Grupo Municipal Socialista, criticando un problema que generó su propio partido y para el que no aportó soluciones cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Fomento también recuerda que el anterior Gobierno autonómico dejó la urbanización con múltiples deficiencias, que han obligado al actual Ejecutivo a invertir más de un millón de euros en ella y al Ayuntamiento de Cáceres a acometer las obras de los accesos peatonales.
MODIFICACIÓN DEL PIR
En cuanto a la modificación del Proyecto de Interés Regional (PIR) del Junquillo, Fomento recuerda al PSOE que se encuentra en fase de información pública hasta el 28 de agosto y que ésta se plantea a instancias de las dos empresas propietarias de la mayor parte del suelo.
La modificación tiene varios objetivos, como eliminar la limitación de la densidad máxima de viviendas por hectárea permitida en el PIR. También pretende cambiar la tipología y modalidad de protección de las viviendas, eliminando las de Renta Media, que pasan a ser viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general o de régimen especial. Es decir, que el cambio supondría, de salir adelante, poder construir viviendas más pequeñas (de 90 metros cuadrados) en lugar de las de 120 metros cuadrados que contempla actualmente el PIR.
Fomento entiende que la modificación que se plantea es razonable porque se adapta mejor al mercado ya que, obviamente, en estos momentos es más difícil conseguir compradores y financiación para construir viviendas de 120 metros cuadrados que para las de 90 metros.
